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Trabaja Sindicatura para replicar la Plataforma de Publicidad Abierta diseñada por el INAI

La Sindicatura, encabezada por Amin Anchondo, se encuentra trabajando en una Plataforma de Publicidad Abierta en el Municipio de Chihuahua. Esta herramienta fue diseñada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y la organización FUNDAR.

Con el trabajo desarrollado hasta el momento por el equipo de la Sindicatura de Chihuahua, se tiene un avance de más de 300 contratos y 400 facturas de proveedores en materia de comunicación social que podrán ser consultadas de una manera más sencilla.

La transparencia en las instituciones públicas es un mecanismo fundamental para la construcción de confianza ciudadana, pues brinda conocimiento a la sociedad sobre las acciones y decisiones. En ese sentido, la Sindicatura de Chihuahua, ante la necesidad de brindar certeza a las y los chihuahuenses, se dio a la tarea de revisar los gastos de publicidad oficial y medios de comunicación con los que el Municipio ha tenido contratos desde el ejercicio 2018 hasta el primer trimestre del 2020.

Esta plataforma ya ha sido puesta en marcha por parte de los gobiernos estatales de Chihuahua y Quintana Roo; no obstante, con el trabajo realizado por la Sindicatura, el Municipio de Chihuahua sería el primero en todo el país en replicar esta herramienta y transparentar los gastos en materia de comunicación municipal, por lo que se espera concluir y presentar la plataforma en el marco del Octavo Informe de Actividades de la Sindicatura.

El presupuesto aprobado en 2020 para la Coordinación de Comunicación Social fue de 62 millones 733 mil 924.35 pesos, de los cuales, hasta el 30 de septiembre, ya se ha ejercido el 96.54 por ciento, es decir, una cantidad equivalente a los 60 millones 563 mil 432.14 pesos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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