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México

Transexuales culpan a la Iglesia Católica de «crímenes de odio»

Activistas transexuales en México consideraron como «crímenes de odio» los asesinatos que han sufrido miembros de su comunidad en los últimos 15 días y señalaron a la Iglesia Católica y a grupos de derecha como los principales instigadores.

Afirmaron que los crímenes son reacciones a los posicionamientos que ha tenido la Iglesia respecto a la iniciativa para reconocer constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo que anunció en mayo el presidente Enrique Peña Nieto.

«Es una acusación que muchas lanzamos a la Iglesia Católica y a la derecha política, ya que están sembrando un clima de odio, de violencia y de ajusticiamiento que está propiciando este resurgimiento de la homofobia y la transfobia», dijo a Efe Angie Rueda, promotora de los derechos humanos y la no discriminación de la población de la diversidad sexogenérica.
Añadió que «hay una suerte de desprecio social en contra de los transexuales, pero hay también hay impunidad y complicidad por parte de las autoridades de justicia de la Ciudad de México».

Rueda, quien es maestra en sociología y con estudios de doctorado en ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana, indicó que la comunidad transexual, y en especial los individuos que se dedican al trabajo sexual, es uno de los sectores más vulnerables.

«Esta violencia está siendo generada por ese discurso (de odio)», expuso, y recordó que han ocurrido asesinatos siete en los estados de Guanajuato, Chihuahua y Chiapas, así como la Ciudad de México.

El último ocurrió este miércoles en la capital y la víctima fue Alessa Flores, mujer transgénero de 28 años que se dedicaba al trabajo sexual y quien fue hallada sin vida en un hotel en centro de la ciudad.

Según las autoridades locales, la muerte de Alessa, defensora de los derechos de las personas transexuales y sexoservidoras, fue causada por estrangulamiento.

A su vez, Roshell Terranova, destacada activista por los derechos de la comunidad travesti, transexual e intersexual en la Ciudad de México, también dirigió sus acusaciones a la Iglesia Católica.

«Estamos indignadas por lo que está sucediendo, porque sigue habiendo crímenes de odio contra nuestra población; son transfeminicidios», declaró.

Señaló que ese aumento de la violencia contra los transexuales se da «curiosamente» días después de los posicionamientos de los jerarcas eclesiásticos «contra de todo el movimiento LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual)».

Terranova explicó que muchas personas ligadas a la religión toman al pie de la letra los puntos de vista que dictan los dirigentes «y pueden caer en el fanatismo y tranquilamente tomar vidas en nombre de Dios».

Ambas consideraron que los ataques a su comunidad «se han recrudecido» y manifestaron su indignación por los asesinatos y exigieron justicia y presentación de los culpables.

En tanto, Jessica Marjane Durán, fundadora y coordinadora de la Red de Juventudes Trans México, explicó hace unos días en un foro en la Universidad Iberoamericana que las personas transexuales en México «no tienen acceso a una vida libre de violencia dentro del espacio público».

Remarcó que los ataques van desde «la burla o un golpe hasta crímenes de odio en los que son masacradas e incluso calcinadas, y como estos delitos no han sido tipificados a nivel estatal y federal, las personas trans no cuentan con mecanismos de acceso a la justicia».

Antes de la muerte de Alessa, otra mujer transexual, Itzel Durán, fue asesinada el 8 de octubre en Comitán, Chiapas, y su agresor ya fue detenido.

Otra víctima fue Paola, quien también se dedicaba al sexoservicio y fue asesinada el 30 de noviembre en un cruce de la Avenida Insurgentes de la capital, hasta donde sus amigas y compañeras trasladaron su féretro para hacer visible el caso y exigir justicia a las autoridades.

En Chihuahua, una mujer transexual conocida como «La Cheva» fue asesinada a balazos el 11 de octubre en la capital homónima del estado, en otro más de los cuando menos siete casos registrados en las últimas dos semanas.

Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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