La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y turnó al Senado la reforma presidencial a la Ley de la Industria Eléctrica, que -defendieron diputados de Morena, PT y PES – recupera la rectoría del Estado en la generación de electricidad y terminará con los subsidios a las empresas privadas.

Poco antes de las cinco de la mañana, y tras casi 17 horas de discusión, el pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Energía con 289 votos de aquellos tres partidos y 152 en contra de la oposición, a la que se sumó el Partido Verde.

En el tablero electrónico apareció un solitario voto en abstención de Gabriela Cuevas Barrón, quien hoy es diputada federal por Morena. El 10 de diciembre de 2013, como senadora de Acción Nacional, aprobó la reforma a la Constitución en materia energética.

Ninguna de las 412 reservas registradas en lo particular se tomó a consideración. Todas las de la oposición fueron desechadas y los diputados de Morena y sus aliados retiraron las suyas, no sin antes utilizar la tribuna para hablar en favor del cambio legal.

A lo largo de las horas se fueron consolidando las posturas disímbolas sobre el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada Vanessa Del Castillo (Morena) recordó cómo con la apertura a la iniciativa privada en el mercado eléctrico, desde 1992 en el mandato de Carlos Salinas de Gortari, se comenzó a violar la Constitución en términos de la rectoría del Estado sobre la electricidad.

“Y después promovieron los negocios privados a costa de los recursos de la nación y del dinero del pueblo, lo mismo (Ernesto) Zedillo, que terminó siendo gerente de la misma empresa que privatizó, para vergüenza de la nación.

“Con (Vicente) Fox, se impulsó la inversión privada del sector eléctrico, valiéndole una prohibición constitucional. Con (Felipe) Calderón, que ilegal e inconstitucionalmente extinguió a un organismo descentralizado llamado Luz y Fuerza del Centro, enviando al desempleo a 44 mil trabajadores electricistas para facilitar la privatización eléctrica en la región central de México”.

Luego, dijo, se pisoteó la Constitución en 2013, en la creación de leyes secundarias en el 2014, que desplazaron las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, a favor de los intereses comerciales de empresas privadas nacionales y transnacionales. “Y la ultrajaron en el 2015 con (Enrique) Peña Nieto, borrando de un plumazo la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. ¡Todo por unos fajos de billetes!”.

También de Morena, Daniel Gutierrez expresó que la reforma recupera el papel preponderante del Estado en la generación de e electricidad y fortalece a la CFE.

“Hoy recuperamos parte de la soberanía que los gobiernos neoliberales entregaron a empresas privadas a cambio de sobornos, traicionando al pueblo de México. Con esta reforma recuperamos la prioridad del interés público sobre el interés privado”, indicó.

Diputadas del PT subieron el tono del discurso. Mientras Ana Karina Rojo Pimentel acusó a la ahora oposición de haber “dado las nalgas por mil 483 millones de pesos” con la reforma de 2013, su compañera Claudia Angélica Domínguez dijo que si bien “los prianistas fueron muy inteligentes para llevar a cabo una jugosa reforma entreguética, ¡sí, entreguética!, y ahí le pusieron sesos, ¡nosotros venimos con los huevos para devolverle la soberanía, la autosuficiencia energética a México!”

En respuesta a las críticas de PRI, PAN y PRD que acusaron a la mayoría de aceptar no cambiarle ni una sola coma al dictamen, como sugirió el presidente, la legisladora abundó:

“No, no son caprichos. ¿Saben que es una necesidad ante su herencia maldita?. Sí, nosotros tenemos un líder sin rastro de corrupción, ustedes PRI y PAN ni un líder presentable. ¡Puro hampón, puro rico de erario gracias a la reforma energética!”

Desde las filas panistas, el yucateco Elías Lixa llamó “descerebrados” a quienes defendían la reforma.

Sostuvo que, si es aprobada por el Senado, el cambio legal será motivo de conflictos legales.

“Esto va a pasar por todos los tribunales del país y tendrá costos económicos altísimos para nuestra economía. Decía bien un diputado, ‘a cada uno la historia nos va a poner en nuestro lugar’. No tengo duda de eso y no será la comodidad de una curul la que les espera, sino el juicio de la historia que les va a llamar los nuevos traidores de la patria”.

Debido a que la sesión se extendió hasta este miércoles, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, decidió no convocar a la sesión que estaba prevista para hoy y citó hasta el martes de la próxima semana.

Fuente: La Jornada