Luego de darse a conocer en videos de redes sociales una agresión de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, en contra de un maestro manifestante, las autoridades por fin llegaron a un veredicto.
A través de Sergio Santamaría Chamú, juez sexto de distrito, se otorgó un amparo a Fernando Padilla, docente, y se acreditó que el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, intimidó a los manifestantes por la portación de un arma de fuego, de acuerdo con el diario Milenio.
En este contexto, se declaró que ambos funcionarios públicos violaron el derecho a la libre expresión y de manifestarse pacíficamente, informó el periodista Rubén Mosso.
La sentencia apunta, además, que “se advierten acciones tendentes a la censura, al haberse ejercido en los quejosos presión directa para evitar el discurso público”.
Dicho amparo, reveló el medio, tiene como efecto que tanto el mandatario estatal como el secretario “se abstengan de volver a realizar dicho acto en prejuicio” del demandante.
Irónicamente, mientras se analizaba este caso en la corte, Silvano Aureoles acudió a Palacio Nacional para plantarse hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le concediera una audiencia.
De acuerdo con el propio mandatario, esta audiencia era con el objetivo de entrar a Palacio Nacional y entregar pruebas “sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección”.
(Foto:Misael Valtierra/ Cuartoscuro)
Fue a mediados de abril de 2021 cuando Silvano Aureoles fue confrontado por un contingente de maestros, a lo que el ejecutivo estatal reaccionó con una agresión de clara intolerancia al punto de empujar a uno de los manifestantes.
En un par de videos compartidos a través de redes sociales se puede apreciar que un hombre increpa al gobernador, aparentemente, por la violencia en Aguililla y exigencias de profesores.
Con cuatro cartulinas verdes fosforescentes, el sujeto grita que la realidad está a la vista y pide que no sea ignorada. Instantes después se sumaron a él otras manifestantes y un menor.
El jefe del ejecutivo estatal continuaba su retirada a paso lento y finalmente abordó una camioneta del Ejército, fuertemente escoltado en compañía de más funcionarios. Sin embargo, al estar a bordo de la cabina, descendió y volvió al hombre que seguía
Después, el secretario arrebató una de las cartulinas y pidió al hombre agredido que se retirara. Al tiempo que se oyeron gritos y chiflidos de los presentes, quienes reprobaron la intolerancia del mandatario estatal.
Días más tarde se interpuso una denuncia contra el gobernador por abuso de autoridad, de acuerdo con el portal Sin Embargo. La denuncia no sólo recupera los hechos ocurridos el pasado 13 de abril, también cita las acusaciones del gobernador Aureoles, donde califica al profesor y a los pobladores de la comunidad como “halconeros”.
”En medio de esta situación, nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores”, escribió Aureoles en Twitter.
Pero ahí no paró todo, pues días más tarde, el profesor aseguró a diversos medios que hasta la tarde del 15 de abril no había recibido el cheque de su pago quincenal, ya que lo tenían retenido sin motivo aparente.
“Me di cuenta a las 9:00 de la mañana de que mi pago no salió. Todos salieron menos el mío. Parece una represalia contra mí […] Se suspendió mi pago, donde tengo el sustento de mi familia”, aseguró.
En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.
De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.
Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.
Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.
Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.
Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.
Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.