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Tras enfrentamiento con ciclistas, suspenden a 11 policías de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) informó que once policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito fueron suspendidos, tras el enfrentamiento registrado contra ciclistas en Eje Cinco Sur la noche de ayer.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se investiga quién dio la orden de cerrar el acceso a Periférico.

“Se está viendo por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana quién fue quien dio la orden de cerrar el segundo piso y qué mandos estaban en ese momento en el lugar, entonces fueron separados de su cargo. Y están siendo revisados por el área de asuntos internos”.

Pese a que los ciclistas también agredieron a la policía de CDMX, no debe haber este tipo de enfrentamientos, dijo la Jefa de Gobierno.

“Aun cuando estos manifestantes agredieron también a la policía, que hay que decirlo, en ningún momento puede haber la agresión que vimos todos en las redes sociales en este video, por parte de la policía hacia cualquier manifestante”.

El motivo de la movilización era exigir condiciones de seguridad vial para los ciclistas tras los accidentes fatales que se han registrado en CDMX.

La mandataria local aseguró que su administración ha entablado mesas de trabajo con ellos con el objetivo de dar garantías. Incluso, dijo, se modificará el código penal como parte del “Plan de protección al ciclista” para combatir la impunidad en muertes y lesiones.

“El tema central digamos de los incidentes que ha habido y los lamentables, inclusive defunciones, que ha habido de ciclistas que han sido atropellados en la Ciudad es algo que nos preocupa y que nos está ocupando. El secretario de Movilidad ha trabajado en mesas de trabajo inclusive con las víctimas y muchas personas y de ahí surgió este programa que presentó recientemente en donde inclusive estamos presentando una modificación del código penal en la CDMX al Congreso local en donde será sancionada de mucha mayor manera cualquier automovilista, cualquier vehículo que represente una afectación a un ciclista”.

La noche de ayer, ciclistas se manifestaban de manera pacífica, debido a los recientes acontecimientos donde personas a bordo de bicicletas han perdido la vida, pedían que los conductores respetaran las ciclovías y exista una cultura de tránsito para todos.

Pero, durante la manifestación, se registraron enfrentamientos que terminaron en agresiones físicas entre los ciudadanos y elementos de la policía de tránsito.

Fuente: Uno TV

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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