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México

Tras queja, baja la vigilancia en embajada de México en Bolivia

Luego de que ayer se diera a conocer la protesta de México por el excesivo despliegue de personal de inteligencia y de seguridad de Bolivia en la residencia y en la embajada de nuestro país en esa nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la vigilancia ha disminuido.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la situación que se vivía en los inmuebles diplomáticos de México en Bolivia “violentaba al derecho internacional, al derecho de asilo a las convenciones que hay para proteger al personal de la embajada y a quienes habitan en éstas”.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la residencia y en la embajada mexicanas se encuentran refugiados al menos 20 exfuncionarios y legisladores afines al expresidente Evo Morales.

López Obrador cuestionó la extrema seguridad que se vivía desde el pasado 11 de noviembre tras la renuncia de Morales a la presidencia de Bolivia y por la cual ayer la cancillería mexicana presentó una protesta pública.

“Hubo un comunicado de la SRE expresando nuestra inconformidad y tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia”, dijo.

En dicho documento, el gobierno de México llamó a las partes que integran al Estado Plurinacional de Bolivia para cubrir cabalmente las obligaciones que tienen como Estado de respetar el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Además, el titular del Ejecutivo federal afirmó que en el marco de la “no intervención y autodeterminación de los pueblos”, México se mantendrá a la espera de que se aclare si habrá o no elecciones presidenciales en Bolivia, quién va a participar en la organización, si estarán todas las fuerzas políticas o si se va a restablecer el orden legal en dicha nación.

Ayer, a través de sus redes sociales, Morales expresó su repudio a que “el gobierno de facto viole la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al cercar la residencia mexicana”.

La ola de críticas por esta situación provocó que Karen Longaric, canciller boliviana, rechazara que agentes de seguridad planearan ingresar a la embajada de México en Bolivia.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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