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México

Trata y tortura, fuera de la agenda en San Lázaro

Las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social en la Cámara de Diputados formaron un bloque para impedir la aprobación de la reformas a la ley contra la trata de personas.
En conferencia, el coordinador del PRI, César Camacho, acompañado de los coordinadores del Verde, NA y PES, afirmó que esos partidos suman 271 votos, suficientes para solicitar el retiro del dictamen, el cual ya había sido aprobado por la Comisión de Justicia. El legislador dijo que “no hay violación alguna al procedimiento legislativo”, pues argumentó que mediante un “acuerdo” por el número de votos, se puede impedir que suba al pleno.
Camacho expuso que los medios comisivos contemplados en el artículo 10 de la ley permitirían que los presos por trata de personas pudieran interponer un amparo para ser liberados. “Estas bancadas no quieren expedir ningún precepto que pueda arriesgar a las víctimas, ni dar alguna oportunidad, un resquicio para que alguien que está condenado, que está pagando una pena impuesta por un juez y que ha causado definitividad, pueda ser puesto en libertad”, comentó.
El coordinador priista afirmó que las víctimas de trata no quedan desamparadas ni quienes cometen el delito dejarán de ser castigados, porque “no hay déficit normativo, y hay una ley de trata (vigente)”.
Camacho recordó que el dictamen proponía reformas a 105 de los 125 artículos que componen la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aunque consideró que sólo 80 tienen sustento jurídico correcto, y los 25 restantes contenían lagunas jurídicas.
El priista consideró que está “muerta” la minuta del Senado, por lo que se tendría que iniciar una nueva iniciativa que sólo contemple las reformas con sustento jurídico a los 80 artículos.
*Ven alianza electoral
La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado, Adriana Dávila (PAN), lamentó “que el PRI y sus aliados legislativos” hayan frenado las reformas, y consideró que detrás de ese hecho podría haber una alianza electoral entre el Revolucionario Institucional y los votos que representa la ex legisladora Rosa María de la Garza o Rosi Orozco, rumbo a las elecciones en el Estado de México en el 2017.
La senadora Dávila llamó a César Camacho a recapacitar, y le dijo que “tener los votos suficientes no significa tener la razón”.
“Esperaría que no ganara la mezquindad electoral, como ha sido recurrente, porque en el Senado no nos ganó eso”, agregó.
*También frenan tortura
El coordinador César Camacho anunció que el bloque PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social también pidió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retirara el dictamen, que también había sido avalado en comisiones, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Lo anterior debido a que el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que los cambios hechos por los diputados a la minuta del Senado de la República eran “regresivos”.

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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