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Tratamiento contra Covid-19 en hospitales privados cuesta hasta 15 mdp

En México, sólo ocho cada 100 personas cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, aunado a que casi 72 millones de personas no tienen acceso a los servicios de seguridad social, es decir, no son derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, lo que representa 57.3 por ciento del total de la población, según cifras estimadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La salud es uno de los servicios más caros entre el sector privado, y se traduce en una preocupación permanente para una población como la mexicana, que ocupa el segundo lugar mundial en obesidad entre adultos y, por lo tanto, tiene una alta frecuencia de padecer comorbilidades como la diabetes y la hipertensión.

La Secretaría de Salud señaló en sus reportes diarios por la pandemia que estos tres padecimientos están altamente relacionados con las muertes por coronavirus, una enfermedad que en México ha dejado hasta el momento más de 40 mil muertos.

De acuerdo con el Informe de Tendencias Médicas Globales, de Mercer Marsh, una consultora de servicios de salud empresariales, en México, los precios de los servicios médicos se incrementaron 14.2 por ciento en 2019, es decir, casi cinco veces la inflación general del año pasado.

A su vez, el país registró el sexto incremento más alto en el costo de los servicios médicos, según indicó Mercer Marsh, que incluyó a 53 economías del mundo.

A esto se suma un incremento de 12.9 por ciento en el indicador de 2018, de acuerdo con la misma empresa.

Los costos calculados en el informe incluyen la atención médica, hospitalización, pacientes ambulatorios, medicación, maternidad y tratamientos oculares por persona. Todos estos indicadores corresponden a antes del brote de coronavirus.

Lo anterior pone en evidencia que el sistema de salud mexicano resulta insuficiente para la población y que la asistencia privada cada año se sale más del alcance de los bolsillos de los mexicanos.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros (AMIS), el costo promedio de internarse en un hospital privado, de una estancia sin requerir intubación, se ubica en promedio en 348 mil pesos. Pero la prima más alta que ha pagado el sector en México por la atención de un paciente contagiado de Covid-19 es de 15 millones 384 mil 826 pesos, según datos del mismo organismo.

Las estimaciones del costo por la atención de pacientes contagiados superaron las expectiativas de la industria.

Fuente: El Sol de México

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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