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Trazan la ruta para juicio a expresidentes de México

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la mejor forma de llevar a cabo una consulta popular para preguntar a la sociedad si se enjuicia a los exjefes del Ejecutivo por casos del pasado, como el de Odebrecht, sería que los mismos ciudadanos presentaran una solicitud de consulta o, en su defecto, los legisladores. Aunque indicó que no descarta pedir él mismo que se lleve a cabo.

“Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos; si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”, expresó.

La ley marca que del 1 al 15 de septiembre, el Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, puedan solicitar la realización de una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional.

El Presidente explicó que la propuesta surgió a partir de su demanda de justicia en torno a los presuntos casos de corrupción en el que están siendo procesados en México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Dice que la puede solicitar 30% de una Cámara, 2% de la Lista Nominal y no descarta solicitarla él mismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a los ciudadanos o legisladores para que en el periodo que contempla la ley, del 1 al 15 de septiembre próximos, soliciten la realización de una consulta popular para saber si se enjuicia a los expresidentes del país por casos del pasado, como Odebrecht.

Recordó que existen tres mecanismos que contempla la Ley Federal de Consulta Popular para hacer uso de este ejercicio: la petición del Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a al menos 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, alrededor de un millón 600 mil.

Recordó que en caso de que sean los ciudadanos quienes lo propongan, no pasa ya a aprobación del Congreso, va directo a la Corte: “También la solicitud, si se aprueba en el Congreso, va a la Corte y la Corte dictamina si es constitucional, es decir, si procede; y si procede, va al INE para organizar la consulta.

“Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos; si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”.

La propuesta surgió a partir de su demanda de justicia en torno a los presuntos casos de corrupción en el que están siendo procesados en México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna y por los cuales deben declarar todos los implicados, incluso, si lo llama la Fiscalía General de la República, estaría en disposición a acudir, manifestó.

La consulta, anticipó, podría realizarse el día de la elección federal, el 6 de junio de 2021.

“No quiero ser verdugo, ni me mueve la venganza”, aclaró.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que cada uno de estos procesos deberá implicar la devolución de lo sustraído al erario público.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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