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Trazan la ruta para juicio a expresidentes de México

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la mejor forma de llevar a cabo una consulta popular para preguntar a la sociedad si se enjuicia a los exjefes del Ejecutivo por casos del pasado, como el de Odebrecht, sería que los mismos ciudadanos presentaran una solicitud de consulta o, en su defecto, los legisladores. Aunque indicó que no descarta pedir él mismo que se lleve a cabo.

“Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos; si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”, expresó.

La ley marca que del 1 al 15 de septiembre, el Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, puedan solicitar la realización de una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional.

El Presidente explicó que la propuesta surgió a partir de su demanda de justicia en torno a los presuntos casos de corrupción en el que están siendo procesados en México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Dice que la puede solicitar 30% de una Cámara, 2% de la Lista Nominal y no descarta solicitarla él mismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a los ciudadanos o legisladores para que en el periodo que contempla la ley, del 1 al 15 de septiembre próximos, soliciten la realización de una consulta popular para saber si se enjuicia a los expresidentes del país por casos del pasado, como Odebrecht.

Recordó que existen tres mecanismos que contempla la Ley Federal de Consulta Popular para hacer uso de este ejercicio: la petición del Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a al menos 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, alrededor de un millón 600 mil.

Recordó que en caso de que sean los ciudadanos quienes lo propongan, no pasa ya a aprobación del Congreso, va directo a la Corte: “También la solicitud, si se aprueba en el Congreso, va a la Corte y la Corte dictamina si es constitucional, es decir, si procede; y si procede, va al INE para organizar la consulta.

“Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos; si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”.

La propuesta surgió a partir de su demanda de justicia en torno a los presuntos casos de corrupción en el que están siendo procesados en México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna y por los cuales deben declarar todos los implicados, incluso, si lo llama la Fiscalía General de la República, estaría en disposición a acudir, manifestó.

La consulta, anticipó, podría realizarse el día de la elección federal, el 6 de junio de 2021.

“No quiero ser verdugo, ni me mueve la venganza”, aclaró.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que cada uno de estos procesos deberá implicar la devolución de lo sustraído al erario público.

Fuente: Excelsior

Chihuahua

Nombran a Chihuahua parte del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

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– En reconocimiento a las buenas prácticas que se impulsan en materia de transparencia y rendición de cuentas

El Estado de Chihuahua fue integrado al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), en el marco de la reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), en la que participaron autoridades de todas las entidades federativas.

Esto representa un reconocimiento a las buenas prácticas que se impulsan en la entidad en materia de control, transparencia y rendición de cuentas.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, recibió el nombramiento como miembro del Comité.

Dicho órgano colegiado se encarga de coordinar y definir las políticas orientadas a la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como a la fiscalización de los recursos públicos en México.

Desde esa instancia, Chihuahua contribuirá a reforzar los mecanismos que aseguren que el dinero público se ejerza de forma eficiente, transparente y conforme a la ley, al verificar que las dependencias cumplan con sus obligaciones y que los recursos se utilicen correctamente.

El Estado tendrá además un papel en la supervisión de la concordancia entre lo planeado y lo ejecutado, especialmente en el gasto gubernamental y las obligaciones fiscales, para que cada peso invertido responda a los objetivos para los que fue destinado.

Con esta designación Chihuahua participará activamente en el fortalecimiento del SNF, al asegurar que los procesos de fiscalización se ajusten a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

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