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Son tres ‘mafias’ quienes controlan el combustible

En el estado son tres los líderes que mantienen el control de los 80 kilómetros de ductos de Pemex.
Se trata de Roberto de los Santos de Jesús, «El Bukanas», y Antonio Martínez, «El Toñín», quienes se disputan el robo de hidrocarburo en seis municipios que forman el «Triángulo Rojo».
Las autoridades locales y federales señalan que este delito se ha extendido a los municipios limítrofes con el Estado de México, con la presencia de Areli Pérez Juan, «La Negra».
La violencia que se advierte en el «Triángulo Rojo», que abarca los municipios de Acajete, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco y Palmar de Bravo, se debe al enfrentamiento que mantienen «El Bukanas» y «El Toñín», este último, al que autoridades ubican como líder del grupo que emboscó a los militares en la localidad de Palmarito, el 3 de mayo.
A partir de ese día se intensificó la búsqueda tanto de «El Bukanas» como de «El Toñín». Autoridades saben que no se encuentran en esas localidades.
En esta zona, la mayoría de los habitantes tiene que ver con el robo de hidrocarburos: algunos sólo compran el producto, otros pelean el control a grupos criminales o consideran que ser huachicolero es su forma de vida, se constata en un recorrido que hizo EL UNIVERSAL.
Los tres líderes huachicoleros tienen algo en común: persuaden a la población de ser parte directa o indirecta de la ordeña de ductos, y lo han logrado al grado de que ahora no quieren pagar “derecho de piso” y buscan quedarse con las tomas.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso este diario, las organizaciones de «El Bukanas» y de «El Toñín» están catalogadas por las autoridades como violentas, puesto que utilizan armas AR-15, AK-47, granadas y equipo táctico tipo militar.
* Los reyes huachicoleros
Tres personas encabezan las mafias que se disputan la ordeña de ductos en Puebla.
– «EL BUKANAS»
Ex policía y ex miembro de «Los Zetas», Roberto de los Santos de Jesús lidera una banda de chupaductos en el «Triángulo Rojo». Ha participado en secuestros, extorsiones y en robo de camiones en carretera.
– «EL TOÑÍN»
Las autoridades identifican a Antonio Martínez como el autor de la emboscada a militares del 3 de mayo. Cuenta con el apoyo del pueblo, que lo quiere para alcalde, y se dice que utiliza a mujeres y niños de escudo humano.
– «LA NEGRA»
Areli Pérez es la “dueña de la ordeña” en los límites con Tlaxcala y Edomex. La vinculan en el ataque a una familia en el que asesinaron a un bebé y violaron a dos mujeres.

El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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