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Tribunal colombiano ordena expropiar bienes a esposa de Pablo Escobar

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Un apartamento lujoso en Medellín, carros de alta gama y bodegas. Veinticinco años después de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, un tribunal de Colombia ordenó la expropiación de 16 bienes de su esposa y de familiares de uno de sus sicarios.

«La Fiscalía demostró que todos los bienes afectados provenían del capital obtenido en desarrollo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico que fueron desplegadas por Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus lugartenientes», indicó este jueves el ente investigador en un comunicado.

Los bienes figuran a nombre de Victoria Eugenia Henao, la esposa del capo, y de la madre y una hermana de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como Popeye, un temido gatillero del desaparecido Cartel de Medellín.

Entre las propiedades que serán objeto de extinción de dominio hay un apartamento en el lujoso barrio de El Poblado de Medellín, epicentro de la guerra desatada por Escobar contra el Estado a finales de los 80 y principios de los 90.

También constan tres bodegas, tres vehículos, una casa, terrenos y locales comerciales.

Los bienes serán traspasados al Estado, aunque la decisión puede ser apelada por las partes en un tribunal de Bogotá.

Escobar, abatido en diciembre de 1993 tras una feroz cacería en la que participaron Estados Unidos y fuerzas ilegales, fue durante años el hombre más buscado de Colombia.

Miles de personas murieron en ataques ordenados por el jefe mafioso, cuya familia debió abandonar el país tras su muerte por seguridad. Su esposa y dos hijos viven en Buenos Aires.

Por su parte, «Popeye», condenado a 30 años de prisión, está en libertad desde agosto de 2014 tras cumplir tres quintas partes de su pena y haber colaborado con la justicia.

El sicario ha reconocido haber matado a por los menos 250 personas y organizado el asesinato de otras 3 mil.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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