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Resto del mundo

Tribunal colombiano ordena expropiar bienes a esposa de Pablo Escobar

Un apartamento lujoso en Medellín, carros de alta gama y bodegas. Veinticinco años después de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, un tribunal de Colombia ordenó la expropiación de 16 bienes de su esposa y de familiares de uno de sus sicarios.

«La Fiscalía demostró que todos los bienes afectados provenían del capital obtenido en desarrollo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico que fueron desplegadas por Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus lugartenientes», indicó este jueves el ente investigador en un comunicado.

Los bienes figuran a nombre de Victoria Eugenia Henao, la esposa del capo, y de la madre y una hermana de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como Popeye, un temido gatillero del desaparecido Cartel de Medellín.

Entre las propiedades que serán objeto de extinción de dominio hay un apartamento en el lujoso barrio de El Poblado de Medellín, epicentro de la guerra desatada por Escobar contra el Estado a finales de los 80 y principios de los 90.

También constan tres bodegas, tres vehículos, una casa, terrenos y locales comerciales.

Los bienes serán traspasados al Estado, aunque la decisión puede ser apelada por las partes en un tribunal de Bogotá.

Escobar, abatido en diciembre de 1993 tras una feroz cacería en la que participaron Estados Unidos y fuerzas ilegales, fue durante años el hombre más buscado de Colombia.

Miles de personas murieron en ataques ordenados por el jefe mafioso, cuya familia debió abandonar el país tras su muerte por seguridad. Su esposa y dos hijos viven en Buenos Aires.

Por su parte, «Popeye», condenado a 30 años de prisión, está en libertad desde agosto de 2014 tras cumplir tres quintas partes de su pena y haber colaborado con la justicia.

El sicario ha reconocido haber matado a por los menos 250 personas y organizado el asesinato de otras 3 mil.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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