Resto del mundo
Tribunal colombiano ordena expropiar bienes a esposa de Pablo Escobar
Un apartamento lujoso en Medellín, carros de alta gama y bodegas. Veinticinco años después de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, un tribunal de Colombia ordenó la expropiación de 16 bienes de su esposa y de familiares de uno de sus sicarios.
«La Fiscalía demostró que todos los bienes afectados provenían del capital obtenido en desarrollo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico que fueron desplegadas por Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus lugartenientes», indicó este jueves el ente investigador en un comunicado.
Los bienes figuran a nombre de Victoria Eugenia Henao, la esposa del capo, y de la madre y una hermana de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como Popeye, un temido gatillero del desaparecido Cartel de Medellín.
Entre las propiedades que serán objeto de extinción de dominio hay un apartamento en el lujoso barrio de El Poblado de Medellín, epicentro de la guerra desatada por Escobar contra el Estado a finales de los 80 y principios de los 90.
También constan tres bodegas, tres vehículos, una casa, terrenos y locales comerciales.
Los bienes serán traspasados al Estado, aunque la decisión puede ser apelada por las partes en un tribunal de Bogotá.
Escobar, abatido en diciembre de 1993 tras una feroz cacería en la que participaron Estados Unidos y fuerzas ilegales, fue durante años el hombre más buscado de Colombia.
Miles de personas murieron en ataques ordenados por el jefe mafioso, cuya familia debió abandonar el país tras su muerte por seguridad. Su esposa y dos hijos viven en Buenos Aires.
Por su parte, «Popeye», condenado a 30 años de prisión, está en libertad desde agosto de 2014 tras cumplir tres quintas partes de su pena y haber colaborado con la justicia.
El sicario ha reconocido haber matado a por los menos 250 personas y organizado el asesinato de otras 3 mil.
Dinero
EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso
Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.
México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.
La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.
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