Conecta con nosotros

México

Tribunal de EU bloquea ley que restringe el aborto en Misuri

Un tribunal del estado de Misuri (Estados Unidos) ordenó este martes suspender diversas provisiones de una ley aprobada por el gobierno estatal, presentada a comienzos de año y que debería haber entrado en vigor a partir de este miércoles, cuyo objetivo es restringir el acceso al aborto.

La decisión judicial se produce después de que el pasado 30 de julio diversas organizaciones sociales, como Planned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), demandaran al gobierno estatal de Misuri al considerar que las autoridades estaban, en última instancia, intentando impedir el acceso al aborto.
Estas organizaciones alegaron que la conocida como «ley del latido del corazón», que contempla penas contra quienes practicasen un procedimiento abortivo pasadas las ocho semanas de gestación, impide en la práctica que muchas mujeres puedan recurrir a estos servicios al no ser aún conscientes de su estado.

El dictamen del juez de distrito Howard Sachs supone que la ley, que contemplaba excepciones bajo circunstancias especiales, pero no en casos de incesto o violación, implica que la nueva legislación no podrá entrar en vigor hasta que los tribunales dicten una sentencia en firme.

El magistrado, no obstante, sí ha dado luz verde a la entrada en vigor a las provisiones de la ley que prohibían la terminación del embarazo en función de la raza y el género del feto.

La decisión de hoy bloquea una ley peligrosa que prohíbe el aborto antes de que muchas personas sepan que están embarazadas. El poco acceso al aborto que aún existe en Misuri permanecerá sin ningún cambio por el momento», celebró la presidenta interina y directora ejecutiva de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, en un comunicado divulgado por la organización.

En los últimos meses, numerosos estados del país se han sumado a una oleada legislativa que, en la práctica, buscan imposibilitar a muchas mujeres el acceso a los servicios para la interrupción del embarazo.

Seamos muy claros: estas restricciones severas del acceso al aborto no contribuyen en lo absoluto al abordaje de la discapacidad o la discriminación. Solo estigmatizan el aborto y avergüenzan a las personas que buscan ese cuidado», lamentó Johnson.

Debido a las medidas estatales aprobadas en los últimos años, el acceso a servicios reproductivos asequibles ha disminuido drásticamente, y en seis estados -Kentucky, Misisipi, Misuri, Virginia Occidental, Dakota del Norte y Dakota del Sur- ya solo queda una clínica donde se practican abortos.

Excelsior

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto