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México

Tribunal Electoral: Mónica Soto es designada como magistrada presidenta

En una sesión presidida por Reyes Mondragón, Mónica Soto fue nombrada como magistrada presidenta en el TEPJF.

La magistrada Mónica Soto Fregoso fue elegida la tarde de este viernes 15 de diciembre como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por mayoría de votos la Sala Superior del TEPJF determinó que Soto Fregoso sustituirá al depuesto Reyes Rodríguez Mondragón. La nueva presidenta ocupará el cargo hasta octubre de 2025.

La elección se dio en una sesión privada, al final de la sesión pública del mediodía de este viernes, la cual estuvo presidida por Reyes Rodríguez, quien renunció esta semana a su cargo como magistrado presidente tras varios desaires de sus compañeros.

Con esta designación, concluye la etapa de crisis en el órgano jurisdiccional electoral que inició el 4 de diciembre pasado, cuando Soto Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata iniciaron una revuelta al interior del TEPJF para destituir a Rodríguez Mondragón.


¿Por qué renunció Reyes Rodríguez a su cargo como magistrado presidente?

La ‘crisis’ en el Tribunal Electoral comenzó el lunes 4 de diciembre, cuando tres de las cinco magistraturas hicieron pública la ‘ruptura’ dentro del TEPJF al no acudir al informe de su presidente, Reyes Mondragón, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los magistrados ‘rebeldes’ fueron precisamente la magistrada Mónica Soto, junto con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes presumieron en redes sociales que desayunaban juntos en un restaurante de San Ángel, minutos antes de que Reyes Rodríguez Mondragón rindiera su informe anual de labores.


Al lugar solo se presentó la magistrada Jeanine Otálora.

Después de este desaire, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes señalaron que estaban “inconformes” con la gestión Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral e intentaron retirarlo del cargo el jueves 7 de diciembre.

Ese día, Rodríguez Mondragón evitó su remoción al retirarse junto con la magistrada Janine Otálora, durante un receso de la sesión del pleno.

El entonces magistrado presidente afirmó que la inconformidad de sus compañeros fue por políticas de austeridad de su administración, que elimina vehículos oficiales, viajes en clase VIP, bonos de gasolina, peaje y alimentación.

El pasado lunes 11 de diciembre, Reyes Mondragón se reunió con sus compañeros y aceptó su dimisión a la presidencia del Tribunal Electoral.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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