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México

Tribunal mexiquense le quita a Morena 10 diputados; reparte las curules entre PAN, PRI, PRD y PVEM

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) revocó la asignación de diputados de representación proporcional realizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y quitó 10 curules a Morena.

En una sesión apresurada, este medio día el TEEM determinó que cuatro de esos escaños son para el Partido Acción Nacional (PAN), tres para el Revolucionario Institucional (PRI), dos para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno para el Verde Ecologista de México (PVEM).

Con esa medida, por el principio de representación proporcional el PAN tendrá nueve curules, 13 el PRI, cinco el PRD y tres el PVEM. Morena, la bancada mayoritaria en la 60 Legislatura, se quedará con los 21 diputados que obtuvieron el triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio.

Los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) se quedaron con 11 y 10 diputados de mayoría, respectivamente, que sumados a los votos de Morena dan un total de 42. Sin embargo, con esta cifra la coalición Juntos Haremos Historia no alcanza mayoría calificada, requerida en el caso de las reformas constitucionales o nombramientos de magistrados, casos en los que se requieren las dos terceras partes.

A partir del fallo de TEEM, el PRI tendrá 14 legisladores locales (el IEEM le había asignado 10 plurinominales y obtuvo uno de mayoría), 11 el PAN (tenía cinco pluris y dos de mayoría), cinco el PRD (todos de representación proporcional) y tres el PVEM (también todos plurinominales). En conjunto suman 33.

Las 16 impugnaciones (11 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y cinco de inconformidad) contra la asignación de diputados de representación proporcional fueron resueltos de forma acumulada.

Los magistrados aseguraron que el Consejo General del IEEM no consideró la sub y sobrerrepresentación de los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en función de los triunfos obtenidos como unidad (42 de 45), no individualmente.

Esta omisión, desde el punto de vista del pleno, llevó a una inadecuada asignación de espacios plurinominales en detrimento del derecho de participación política de las minorías.

En consecuencia, los magistrados modificaron el acuerdo IEEM/CG/206/2018 y revocaron las constancias de asignación de diputados de representación proporcional emitidas en favor del partido político Morena.

Además, vincularon al Consejo General del IEEM para que, en un plazo máximo de 72 horas, expida y entregue las constancias de asignación de diputados de representación proporcional correspondientes.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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