Conecta con nosotros

Slider Principal

Tribunal niega prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Pérez de la Fuente, magistrado titular del Primer Tribunal Unitario, negó por segunda ocasión la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La resolución se dio en cumplimiento al amparo que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió el 17 de febrero pasado a Gordillo Morales.

Dicho amparo dejó sin efecto la primera resolución del magistrado Pérez de la Fuente, que el 23 de septiembre de 2015 negó la prisión domiciliaria a la exlideresa bajo el argumento de que al ser detenida aún no cumplía los 70 años de edad que marca la ley para obtener el beneficio procesal.

El amparo del Colegiado ordenó también al magistrado Pérez de la Fuente reponer parte el proceso y emitir una nueva resolución.

En la nueva sentencia, dictada la tarde de este jueves, Pérez de la Fuente insistió en que es fundada pero improcedente la solicitud que Gordillo hizo en febrero de 2015 para obtener la prisión domiciliaria.

La decisión no es definitiva ya que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal aún debe «calificar» si la nueva resolución cumple o no con el amparo que se concedió a la maestra en febrero pasado.

Gordillo Morales se encuentra interna en el Hospital María José Roma desde el 18 de noviembre de 2015, como consecuencia de múltiples padecimientos clínicos, entre ellos aneurismas e hipertensión.

Desde febrero de 2015, la maestra inició una batalla legal para seguir desde su casa, en la exclusiva zona de Santa Fe, los dos procesos penales que tiene pendientes por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Su solicitud la hizo en principio al Juez Sexto de Distrito, donde están radicados los procesos en su contra, pero le fue negada. Entonces la defensa presentó un amparo ante el Primer Tribunal Unitario, quien también negó la solicitud.

Por ello, la defensa de Gordillo interpuso el recurso de revisión 48/2015 en el Tercer Tribunal Colegiado, que en principio amparó a la maestra.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República apeló la decisión y el caso quedó en manos del Quinto Tribunal Colegiado, dentro del expediente 69/2016. La defensa de Gordillo pretendió que la Suprema Corte resolviera el caso, pero el 16 de noviembre la Primera Sala determinó no ejercer su facultad de atracción.

Entonces el expediente se regresó al Quinto Tribunal Colegiado que en febrero pasado amparó a Gordillo y ahora revisará si la nueva negativa de prisión domiciliaria del Primer Tribunal cumple o no con el fallo protector.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto