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México

Tribunal ordena reducir monto de fianza impuesta a Padrés

El magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, concedió el amparo al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en el que ordena reducir de 100 a por lo menos 30 millones de pesos el monto de la fianza que se le impuso para poder seguir en libertad el proceso que se le sigue por defraudación fiscal.

En su resolución, el juzgador resolvió que la reparación del daño de 70.4 millones de pesos no es un concepto que pueda ser incluido en una medida cautelar como la solicitada por el político panista, según las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Al respecto, en entrevista con MVS Noticias, Antonio Lozano Gracia, abogado del ex mandatario sonorense, destacó que con esta resolución se les corrige la plana al Juzgado Decimosegundo de Procesos Penales Federales y al Segundo Tribunal Unitario en materia Penal, este último había confirmado la fianza de 100 millones pesos.

La sentencia del Quinto Tribunal Unitario todavía puede ser impugnada por el Ministerio Público Federal, el cual tiene un plazo de 10 días.

Sobre este punto, Lozano Gracia confió en que la autoridad no recurra la sentencia, ya que sería un acto de “dilación absurda” y destacó que aún analizan “opciones de salida”, ya que la familia de Padrés Elías no cuenta con los recursos para pagar los 30 millones de pesos.

Cabe recordar que el 21 de diciembre, el Juzgado Decimosegundo de Procesos Penales rechazó admitir la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos ubicada en la zona Diamante de Acapulco. El juzgado sostuvo que el valor catastral del inmueble es de sólo 534 mil pesos, lo que contrasta con los 402 millones de pesos del avalúo comercial presentado por la defensa de Padrés Elías.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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