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Resto del mundo

Tribunal peruano ordena procesar a Fujimori por matanza en 1992

Un tribunal peruano ordenó que el expresidente Alberto Fujimori sea procesado por una matanza de seis campesinos en 1992, al resolver que carece de inmunidad pese a que fue indultado en diciembre, informó el lunes el poder judicial.

«El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso», dijo en Twitter el poder judicial.

Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por otras dos matanzas perpetradas bajo su gobierno (1990-2000), fue indultado en la víspera de Navidad por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.

Los fiscales piden 25 años de prisión para Fujimori, de 79 años, a quien acusa de ser autor mediato de los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el escuadrón paramilitar en Pativilca, un pueblo al norte de Lima.

El 29 de enero de 1992, en momento de gran actividad guerrillera en Perú, miembros del Grupo Colina, integrado por militares, secuestraron y asesinaron a seis personas en ese pueblo.

La abogada de las víctimas, Gloria Cano, había exigido respetar los derechos de las víctimas y que no se aplicara el derecho de gracia concedido a Fujimori por el presidente Kuczynski.

«Si el derecho de gracia termina aplicándose. Vamos acudir a instancias internacionales», había declarado Cano a la prensa.

Fujimori salió en libertad después de pasar 12 años de prisión de una condena de 25 años como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos y la universidad La Cantuta.

Agencias

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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