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Tribunal Superior de Justicia de Brasil podría dejar a Lula en libertad

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Una decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil podría liberar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en cuestión de días y asestar el golpe más duro a la batalla del país sudamericano contra la corrupción, dijeron fiscales y jueces.

Varios jueces del TSJ ya han dejado en claro que quieren revocar una decisión de 2016 que permitió encarcelar a acusados una vez que sus condenas fueron confirmadas tras una primera apelación, la única razón por la que Lula y varios políticos y hombres de negocios están actualmente tras las rejas.

Los críticos consideran que la decisión niega a los acusados el derecho constitucional de agotar todas las instancias del proceso de apelaciones antes de ser detenidos. El juez del Tribunal Superior Marco Aurelio Mello decidirá esta semana si eleva al pleno del TSJ una moción contra el fallo de 2016.

Sin embargo, referentes de la lucha anticorrupción en Brasil, incluido el juez Sergio Moro que ordenó el arresto de Lula días atrás, dijeron que cambiar la decisión dañaría seriamente su cruzada contra la corrupción.

Revertir la decisión implicaría no sólo la libertad de Lula, quien lidera los sondeos de intención de voto para la elección presidencial de octubre, sino de muchos otros políticos y empresarios condenados por corrupción.

Otras figuras políticas, como el propio presidente Michel Temer, que enfrentan juicios por sobornos o están siendo investigados, también se beneficiarían del cambio si finalmente son hallados culpables.

La decisión del tribunal superior de hace dos años «expresaba la idea de que la impunidad y la corrupción van de la mano», dijo Moro vía correo electrónico. «Tengo la enorme esperanza de que la Corte Suprema no revierta su precedente», añadió.

Antes del dictamen del 2016, los criminales de guante blanco con suficiente fortuna para pagar abogados podían presentar un sinfín de apelaciones y mantenerse en libertad hasta que sus casos agotaban el extenso y complejo sistema legal brasileño.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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