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Trump deja sin subsidio de desempleo a millones de estadounidenses

Millones de estadounidenses perdieron sus prestaciones por desempleo este sábado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negara a firmar la ley de un paquete de ayuda y gastos por la pandemia de 2,3 billones de dólares, alegando que no es suficiente para ayudar a los ciudadanos de a pie.

Trump sorprendió a republicanos y demócratas por igual cuando dijo esta semana que no estaba satisfecho con el gigantesco proyecto de ley, que proporciona 892 mil millones de dólares de esperadas ayudas contra el impacto del coronavirus, incluyendo la extensión de los subsidios especiales de desempleo que expiran el 26 de diciembre, y 1,4 billones de dólares para el gasto normal de la Administración.

Sin la firma de Trump, cerca de 14 millones de personas podrían perder esos subsidios adicionales, según datos del Departamento de Trabajo. El cierre parcial de la Administración comenzará el martes a menos que el Congreso pueda acordar un proyecto de ley de financiación estatal antes de esa fecha.

Después de meses de debate, republicanos y demócratas aceptaron el paquete el fin de semana pasado, con el apoyo de la Casa Blanca. Trump, que entrega el poder al presidente electo Joe Biden el 20 de enero, no se opuso a los términos del acuerdo antes de que el Congreso lo votara el lunes por la noche.

Sin embargo, después se quejó de que el proyecto de ley da demasiado dinero a intereses especiales, proyectos culturales y ayuda extranjera, y considera que los cheques de 600 dólares que se entregan una sola vez a millones de estadounidenses en apuros son demasiado escasos. Ha exigido que se aumente la cifra a dos mil dólares.

“¿Por qué los políticos no quieren dar a la gente dos mil dólares, en lugar de solo 600? … ¡Denle a nuestra gente el dinero!”, tuiteó el multimillonario presidente el día de Navidad, gran parte del cual lo pasó jugando al golf en su complejo turístico Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Muchos economistas coinciden en que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen que las subvenciones incluidas siguen siendo bienvenidas y necesarias.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el sábado de “consecuencias devastadoras” para millones de ciudadanos en dificultades si el mandatario saliente, Donald Trump, no firma el enorme paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso.

Fuente: Uno TV

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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