El presidente Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos una compensación de aproximadamente 230 millones de dólares por los daños que, según él, le causaron las investigaciones federales emprendidas en su contra. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, cualquier eventual pago tendría que ser aprobado por altos funcionarios del propio Departamento, varios de los cuales fueron sus abogados defensores, lo que ha encendido alarmas sobre posibles conflictos de interés.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia estadounidense: un presidente que, tras haber sido investigado por el gobierno, ahora exige al mismo aparato estatal una reparación económica. Las reclamaciones fueron presentadas a través de un proceso administrativo previo a una demanda formal. La primera, registrada a finales de 2023, señala supuestas violaciones a sus derechos durante las pesquisas del FBI y del fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. La segunda, interpuesta en el verano de 2024, acusa al Buró Federal de Investigaciones de violar su privacidad al registrar su residencia de Mar-a-Lago en 2022, y al Departamento de Justicia de procesarlo injustamente por el manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca.

Trump aseguró que no busca un beneficio personal y que, de recibir algún pago, lo donaría a organizaciones benéficas. Sin embargo, reconoció la paradoja de la situación: “Sería extraño tomar una decisión en la que, en esencia, me estaría pagando a mí mismo”, comentó.

Expertos legales han calificado el caso como una crisis ética evidente. “Es una situación tan fundamentalmente conflictiva que casi no requiere explicación”, señaló Bennett Gershman, profesor de Ética en la Universidad Pace. Los propios funcionarios que deberían evaluar la petición del mandatario —como Todd Blanche, actual vicefiscal general y exabogado defensor de Trump, y Stanley Woodward Jr., jefe de la división civil del Departamento de Justicia y exrepresentante de varios colaboradores del presidente— son considerados parte de su círculo cercano.

El reclamo de Trump también acusa a exfuncionarios de la administración Biden, entre ellos el exfiscal general Merrick Garland, el exdirector del FBI Christopher Wray y el exfiscal especial Jack Smith, de orquestar una “persecución maliciosa” destinada a perjudicar sus aspiraciones políticas. Según el documento, esas acciones lo obligaron a gastar decenas de millones de dólares para defenderse y proteger su reputación.

Aunque el procedimiento administrativo permite buscar acuerdos sin llegar a tribunales, en este caso las posibilidades de una resolución imparcial parecen limitadas, ya que los actuales responsables del Departamento de Justicia trabajan directamente bajo las órdenes del presidente. Además, cualquier compensación provendría del erario público.

Trump, conocido por oponerse a las recusaciones, ha criticado en el pasado a funcionarios que se apartaron de investigaciones relacionadas con él. Si su solicitud prospera, el pago podría realizarse sin que haya un anuncio oficial, pues la normativa no exige que se haga pública la resolución de estas reclamaciones antes de convertirse en demandas.

El episodio ilustra la tensión entre el poder ejecutivo y el sistema judicial de Estados Unidos, ahora enfrentado al dilema de decidir si debe indemnizar al propio presidente por investigaciones que él mismo considera injustas.