Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno presentará por primera vez un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de mexicanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tras el fallecimiento de un connacional ocurrido el pasado viernes mientras permanecía bajo custodia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que, además de la denuncia internacional, se enviarán cartas a autoridades estadounidenses para expresar inconformidad por lo que calificó como una “deficiente atención médica” en el centro de detención de Adelanto, en California, donde se encontraba la persona fallecida.

De acuerdo con datos expuestos, desde el regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, se ha endurecido la política migratoria, con más de 177 mil mexicanos detenidos y al menos 14 muertes registradas bajo custodia de agentes migratorios.

Sheinbaum detalló que funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares del fallecido y con organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de generar respaldo comunitario y aumentar la presión hacia las autoridades estadounidenses.

Entre las acciones anunciadas se contempla la realización de una conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles para fijar la postura oficial, así como encuentros con familias y colectivos para brindar acompañamiento. También se prevé el envío de cartas a legisladores de Estados Unidos y la promoción de un diálogo entre el Senado mexicano y su contraparte.

Asimismo, el gobierno mexicano buscará establecer comunicación con el embajador, el fiscal y el gobernador de California para coordinar la atención del caso, además de formalizar la solicitud de audiencia ante la CIDH para visibilizar las muertes registradas en centros de detención migratoria.

El ICE es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargada de aplicar las leyes migratorias, realizar detenciones y deportaciones, así como investigar delitos relacionados con tráfico de personas y crimen transnacional.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.