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Trump suspende, por ahora, designar a cárteles como “grupos terroristas”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), informó la tarde de este viernes a través de Twitter, su red social preferida, que suspende temporalmente la categorización de cárteles de la droga mexicanos como “grupos terroristas”, debido a lo “bien” que “ha trabajado” el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se completó todo el trabajo necesario para declarar organizaciones terroristas a carteles mexicanos. Estatutariamente estamos listos para hacerlo. Sin embargo, por pedido de un hombre que me gusta y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se retrasará temporalmente esta designación”.

Trump comentó a lo largo de tres tuits que la Casa Blanca tiene lo necesario para decretar como “grupos terroristas” a los cárteles de la droga mexicanos, pero que debido a la cooperación entre ambos Gobiernos, esta decisión se “retrasará temporalmente” y se “intensificarán nuestros esfuerzos conjuntos para tratar decisivamente con estas organizaciones viciosas y en constante crecimiento”.

Luego que Andrés Manuel López Obrador pidió a Trump “cooperación si, intervencionismo no”, y de extender su mano para trabajar coordinadamente, el mandatario estadounidense envió el jueves 5 de diciembre a William Barr, fiscal general de EU, para hablar sobre los cárteles de la droga mexicanos y el tráfico de armas desde la Unión Americana hacia territorio nacional.

Designar a los cárteles de la droga mexicanos como “grupos terroristas” implica que EU adopte decisiones a través de sus fuerzas armadas para combatir a dichas organizaciones, bajo argumento de que representan amenazas para la seguridad del Gobierno y ciudadanos estadounidenses, así como lo hizo con grupos de Oriente Próximo; un ejemplo, el Estado Islámico (EI).

La motivación de Trump

El “operativo fallido” en el que se capturó y liberó a Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, sucedido el jueves 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, y el asesinato de nueve miembros de la familia mormona LeBarón, ocurrido el lunes 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, mostraron la capacidad de fuego del crimen organizado.

Debido a ello, Trump ofreció a López Obrador su fuerza militar para “hacer una limpia”.

El Gobierno y la Cancillería mexicanos exigieron respetos para su soberanía.

Fuente: Uno TV

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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