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Turquía veta cualquier evento sobre diversidad sexual en Ankara

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La capital turca, Ankara, prohibió la exhibición pública de películas y exposiciones relacionadas al tema lésbico, gay, transexual y bisexual (LGTB), dijo el domingo la oficina del gobernador, argumentando riesgos para la seguridad pública.

La medida incrementará previsiblemente la preocupación entre los activistas de derechos humanos y los aliados occidentales de Turquía sobre su historial de libertades civiles bajo el Partido AK, de raíces islamistas, del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Añadió que este tipo de exhibiciones podrían provocar que diferentes grupos en la sociedad «alberguen públicamente odio y hostilidad» entre sí y, por lo tanto, representen un riesgo para la seguridad pública.

Las autoridades en Ankara ya habían prohibido un festival de cine gay alemán el miércoles, un día antes de que comenzara, citando riesgos para la seguridad pública y el terrorismo.

Además, los desfiles del orgullo gay han sido prohibidos en Estambul durante los últimos dos años. A diferencia de muchos países musulmanes, la homosexualidad no es delito en Turquía, pero existe una hostilidad generalizada hacia ésta.

Las libertades civiles en Turquía se han convertido en causa de especial preocupación para Occidente tras el intento de golpe militar en julio de 2016. Desde entonces, más de 50.000 personas han sido encarceladas a espera de juicio por supuestos vínculos con el golpe. Alrededor de 150 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus trabajos.

Grupos de derechos humanos y aliados occidentales de Turquía temen que Erdogan utilice el golpe como pretexto para sofocar a sus opositores. Ankara dice que las medidas son necesarias, dado el alcance de la amenaza a la seguridad a la que se enfrenta.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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