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Twitter pide perdón porque empleados colaboraron en hackeo masivo

Twitter pidió perdón este sábado porque los piratas informáticos que accedieron a las cuentas de personalidades y figuras políticas lo consiguieron gracias a que “manipularon con éxito a un pequeño número de empleados“, un golpe para la confianza de sus usuarios, reconoció la red social.

Los piratas informáticos tenían como objetivo 130 cuentas y lograron acceder a 45 gracias a “el uso de herramientas solo accesibles para los equipos de soporte interno”, explicó la red social Twitter en una entrada de blog.

Entre los afectados por el hackeo masivo estaban políticos, como el candidato presidencial estadounidense del Partido Demócrata, Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y también grandes empresarios como Jeff Bezos, fundador del grupo comercial Amazon; Elon Musk, jefe de la compañía de vehículos eléctricos Tesla; y Bill Gates, fundador de la gigante informática Microsoft.

“Estamos avergonzados, decepcionados y, sobre todo, lo sentimos. Sabemos que necesitamos recuperar su confianza y apoyaremos todos los esfuerzos realizados para que los responsables comparezcan ante la justicia”

Los piratas informáticos enviaron mensajes desde las cuentas a las que accedieron para alentar a los usuarios de Twitter a donar criptomonedas bitcoins con la promesa de obtener el doble de esa cantidad.

Según sitios especializados que registran intercambios de bitcoins, a pesar de que no se puede saber la identidad de los destinatarios, se enviaron por este mecanismo unos 100 mil dólares.

Twitter aseguró este sábado que de ocho de estas cuentas los piratas también descargaron datos a los que solo puede acceder su propietario.

La red social explicó también que gracias a las herramientas a las que habían accedido los piratas, éstos sortearon la barrera de la doble autentificación, un proceso que da más seguridad que la contraseña.

Este ataque, investigado por el FBI, provocó un debate sobre la seguridad de las redes sociales unos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

Pero también, sobre las consecuencias que ello tendría si los piratas informáticos lograsen acceder a la cuenta del presidente estadounidense, Donald Trump, quien a menudo lleva a cabo su diplomacia en Twitter, donde tiene 83,5 millones de seguidores.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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