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Uber Eats ‘le echará una mano’ a Pymes y restauranteros independientes por COVID-19

Ante los desafíos sin precedentes que enfrenta la industria restaurantera por la pandemia del COVID-19, Uber Eats implementará medias para apoyar a pequeñas y medianas empresas, así como a los propietarios y operadores de restaurantes independientes, informó la empresa este jueves.

“Uber Eats brindará apoyo para que los usuarios de la aplicación tengan una alternativa para ordenar comida con costo de envío gratis para un grupo de establecimientos, incentivando así a los usuarios a pedir comida en pequeños y medianos negocios.

«Aunado a ello, a través de la aplicación de Uber Eats y de marketing por correo electrónico, se impulsará incrementar la visibilidad de estos locales. Esta medida beneficiará a más de 30 mil restaurantes que usan la aplicación de Uber Eats”, dijo la empresa en un comunicado.

Asimismo, a partir del 23 de marzo, restaurantes pequeños y medianos en mercados seleccionados podrán elegir la opción de recibir pagos diarios, en vez de semanales.

La empresa señaló que trabajará en estrecha colaboración con cadenas de restaurantes e impulsarán iniciativas financiadas en conjunto para servir lo mejor posible a los comensales.

Agregó que implementará un proceso simplificado para que los restaurantes que cumplan con los requisitos de calidad puedan darse de alta en la plataforma, sin la necesidad de una tableta.

Además, trabajará en estrecha colaboración con los gobiernos de las ciudades donde opera para respetar cualquier cierre obligatorio o restricción aplicable durante este tiempo.

La aplicación de entrega de comida, Rappi entregará comida de manera gratuita a 500 mil profesionales de la salud en toda Latinoamérica, esto para apoyar los esfuerzos que los doctores y enfermeras realizan por la contingencia sanitaria de coronavirus.

“Llevamos varios días trabajando sin descanso para ajustar nuestra operación a la coyuntura actual. Hemos puesto en marcha campañas de educación con usuarios, aliados y Rappitenderos además de activar opciones de entrega sin contacto. Hoy creemos que tenemos que seguir apoyando y queremos hacer un reconocimiento a aquellos profesionales que se están jugando la vida sin descanso para mantenernos a salvo a todos”, dijo Simón Borrero, CEO y cofundador de Rappi, en un comunicado.

Rappi ha contactado varios hospitales en las principales ciudades en donde tiene presencia y espera que las entregas inicien los próximos días.

“Para acceder a la ayuda los hospitales o centros médicos deben escribir a heroes@rappi.com para recibir información sobre cómo inscribir a sus profesionales para este beneficio”, dijo la empresa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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