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Uber no podrá renovar su licencia en Londres

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El organismo del Gobierno local encargado del transporte de Londres, TFL, ha denegado la petición de la licencia para operar como alquiler privado a la aplicación de móvil Uber. Sus declaraciones se sustentan en la creencia de que Uber no es ni apta ni adecuada para tener dicho derecho. “Demuestran una falta de responsabilidad corporativa en relación con una serie de cuestiones que tienen potenciales implicaciones de seguridad pública y seguridad”. Ahora, la aplicación móvil de transporte tiene 21 días para apelar la sentencia bajo el amparo de la Ley de vehículos de alquiler privado de 1998. La licencia actual que tiene Uber expira el 30 de septiembre, pero podría continuar operando durante todo el proceso de apelación.

Tom Elvidge, director general de Uber Londres, se ha mostrado sorprendido por la noticia de TFL por la cual cree que más de 40.000 conductores con licencia estarán sin trabajo si la medida continúa, además de privar a los ciudadanos de la capital británica de una alternativa de transporte cómoda y asequible.

La anulación de la licencia de Uber estaba siendo esperada por varios organismos en Reino Unido

Esta medida viene después de que los políticos británicos pertenecientes a los grupos laborista, conservador y liberal demócrata se dirigiesen a TFL para pedir la denegación de la licencia de Uber en Londres. También a raíz de las acusaciones de la policía metropolitana de Londres por todas las denuncias que no había reconocido la empresa de transportes sobre las agresiones sexuales a los clientes de la misma. La asociación de los taxistas con licencia (LTDA por sus siglas en inglés) fue uno de los grupos más críticos con Uber debido a la polémica con las declaraciones de abusos sexuales. Su director general, Steve McNamara, apeló a la seguridad por encima de todo, algo que según él Uber no ha cumplido.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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