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Uber ofrece empleo a sus conductores en PepsiCo: Estas son las condiciones

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La siguiente preocupación de la pandemia es cada vez más tangible. La pérdida de empleos comienza a mermar en las actividades económicas y, como grandes empresas como Uber y PepsiCo lo han entendido, esto afectará de manera irreparable la cadena de valor.

De esta manera, no resulta extraño que diversas compañías estén eón búsqueda de iniciativas que permitan a sus empleados mantener ingresos en medios de la contingencia, aún cuando estos no provengan de su fuente habitual de trabajo.

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo seguirá a la alza durante 2020 en nuestro país, aún cuando las autoridades mexicanas en la materia aseguran que crecerán las plazas de empleo formal en México.

De manera puntual, el organismo indica que al cierre de 2020 habrá 2.1 millones de personas sin empleos y que en 2021 habría 2.4 millones. Por su parte, el peor escenario indica que la cifra crecería hasta 2.9 millones a finales del próximo año.

Las estimaciones estarían en línea con lo indicado por Fitch Ratings, firma que considerando la contracción de la economía mundial espera que el mundo alcance niveles de desocupación máximos e históricos, con perdidas que se calculan hasta en 15 por ciento de la fuerza laboral en comparación con lo registrado durante el cuarto trimestre de 2019.

El escenario no es preocupante sólo para los empleados. Las grandes empresas están conscientes que sin empleos no habrá recursos que activen el consumo. La cadena está en riesgo.

No obstante, y a pasar de tener en mente esta afectación, muchas compañías se han visto en la necesidad de recortar sus plantillas laborales en porcentajes de dos cifras para garantizar la liquidez de sus negocios en función de un recorte importante de los gastos de operación.

Tan sólo el día de ayer, Airbnb informó el despido del 25 por ciento de sus colaboradores, es decir casi mil 900 empleados.

De manera paralela, otras empresas han buscado formas para acomodar, cuando menos de manera temporal, a sus empleados en otras empresas totalmente alejadas de sus unidades de negocio.

Alsea, por ejemplo, luego de reubicar a colaboradores de otras franquicias en las unidades de Domino’s Pizza, firma que ha tenido un rendimiento a la alza derivado de la alta demanda de sus servicios de entrega en medio del confinamiento, indicó que firmó diversos acuerdos con marcas de cadenas minoristas y farmacias para que estas absorbieran de manera temporal a algunos empleados de la empresa.

Sobre esta misma línea, camina la más reciente iniciativa de Uber y PepsiCo, firmas que de manera conjunta lanzaron una bolsa de trabajo para dar empleo temporal a los conductores y repartidores de la app de movilidad que ahora han visto minimizados sus ingresos.

De esta manera, se ha habilitado una opción dentro de la app de Uber para los colaboradores desde donde se puede acceder a una oferta de cerca de mil 100 empleos temporales, medida que busca cubrir, de cierta manera, la reducción promedio del 80 por ciento que han registrado en sus viajes. La idea es dar otras oportunidades de ingreso a los más de 250 mil socios.

Así, se trata de puestos laborales en PepsiCo que se pueden combinar con su labor como conductores o repartidores de Uber.

Una vez que los interesados ingresen al portal de trabajo desde la app de socios, serán canalizados a la información de PepsiCo y dependiendo la entidad así como las aptitudes se mostrarán las vacantes que le pueden ser asignadas a cada colaborador que pueden ser en el área de ventas o de operaciones.

Ante la crisis de desempleo que crece a la par de la urgencia por reactivar la cadena de valor, este tipo de asociaciones podrían marcar el comienzo de una nueva modalidad en el terreno laboral, que si bien podría ser temporal por ahora, en el futuro podría ser la norma ante las estimaciones de una recuperación económica lenta.

Fuente: Merca 2.0

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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