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Ubican a presunto operador de Ricardo Anaya en Canadá; juez lo ampara contra detención

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manuel Barreiro Castañeda, el presunto operador financiero de Ricardo Anaya fue presumiblemente localizado en Canadá, según reportó la agencia Notimex.

Sin embargo, en caso de que el empresario vinculado a una operación de compra-venta de una propiedad del candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC), mediante una presunta triangulación de recursos, regrese a México, no podrá ser detenido, pues un juez de Distrito le concedió la suspensión provisional de amparo.

De acuerdo con la agencia oficial de noticias del gobierno, en cualquier momento las autoridades mexicanas podrían dar a conocer detalles de dónde se encuentra el empresario queretano.

En diversas entrevistas radiofónicas, el abogado Joaquín Xamán McGregor ha comentado que sus defendidos, Alberto “N” y Daniel “N”, fueron contratados para realizar un entramado financiero con recursos de Manuel Barreiro para comprar una nave industrial a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya.

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Además, el litigante detalló que el empresario contrató a sus clientes con el objetivo de diseñar una estratagema legal que llevara a otorgarle a Anaya 54 millones de pesos, y para eso el vehículo que se utilizó fue la simulación de la compra-venta de un inmueble.

Curiosamente, la Procuraduría General de la República (PGR) se montó en el asunto al difundir un escueto comunicado de prensa en el que, sin dar nombres, dio a conocer que tenía abierta una carpeta de investigación a propósito de una denuncia presentada el 26 de octubre pasado sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado –reportó– diversas diligencias como cateos, solicitud de alertas migratorias y, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas quienes acudieron a rendir su declaración.

La defensa de Barreiro se movió rápido y buscó blindar jurídicamente a su cliente. Este jueves, el juez décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en esta capital concedió una suspensión provisional al empresario, así como a otras personas, contra cualquier acción legal que pudiera emprender la PGR.

En la demanda de garantías, la defensa argumentó que la PGR le negó conocer la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017.

Ese recurso no limita a la PGR para que prosiga con la indagatoria antes citada.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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