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UE, en guerra contra traficantes humanos

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Las numerosas tragedias ocurridas en el Mediterráneo, donde miles de personas han muerto intentando llegar a Europa, así como la presión que supone el flujo de inmigrantes sobre los países de la Unión Europea, obligó a las autoridades a tomar medidas. Ayer los ministros de Exteriores y Defensa de la UE, reunidos en Bruselas, dieron luz verde a una misión naval que intentará combatir este drama.

El objetivo de ésta será luchar contra las redes que trafican con los inmigrantes. “Hemos decidido establecer una operación naval de la UE para interrumpir el modelo de negocio de las redes de traficantes”, informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, al término del encuentro. La operación militar fue bautizada como EUNavfor Med y podrá “identificar, capturar y desechar” las embarcaciones que usan los traficantes.

En una primera fase la misión prevé intercambiar información y patrullar en alta mar para detectar redes ilegales de inmigración. A continuación, contempla abordar, capturar o desviar los barcos sospechosos que se aproximen a Europa que no tengan pabellón o si se cuenta con el permiso del país representado en su bandera en aguas internacionales, o en las territoriales del país concernido en tanto se cuente con su permiso o con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

La última fase implica tomar “todas las medidas necesarias” contra las embarcaciones y los activos, como “desecharlas” o hacerlas “inoperantes” en el territorio del estado costero concernido, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de dicho país.

Los ministros también acordaron establecer el cuartel general de la nueva operación en Roma y que su comandante de operaciones sea el contraalmirante italiano Enrico Credendino.

En la reunión incluso se barajó la posibilidad de devolver a los inmigrantes al puerto del que zarparon, así como realizar intervenciones militares en puertos o territorio libio, previa consulta con las autoridades de ese país africano, desde donde zarpa la inmensa mayoría de las embarcaciones (un 80% , según algunas cifras). Estos planes dependerán también de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mogherini confió en que los ministros de Exteriores puedan “lanzar” la misión en el Consejo que celebrarán el 22 de junio en Luxemburgo, y que para entonces el Consejo de Seguridad de la ONU haya adoptado el mandato solicitado por la UE “al amparo del capítulo 7? de la Carta de Naciones Unidas (que permite el uso de la fuerza) para que la operación pueda entrar en vigor “en todas sus fases”. Los gastos comunes de la misión se han cifrado en 11.82 millones de euros para una fase de puesta en marcha de dos meses, más un mandato de doce meses.

El anuncio llegó en momentos en que la UE trata de lidiar con un aluvión sin precedentes de migrantes que intentan llegar a las costas sur del continente, especialmente a Italia, en embarcaciones precarias capitaneadas por traficantes que en la mayoría de los casos parten de Libia. Más de mil de esos migrantes murieron en lo que va del año al naufragar los barcos o lanchas en las que viajaban hacia el sur italiano y miles más fueron rescatados y llevados a territorio europeo. La magnitud de la crisis obligó a los líderes europeos a tomar medidas, tras semanas de inacción que desató duras críticas.

En Tailandia, el gobierno anuncio que sopesa crear un área de tránsito en la que los inmigrantes ilegales recibirían ayuda humanitaria, tras la crisis que estalló este mes en la región con la aparición de numerosos barcos con bengalíes y rohingyas.

Entre seis mil y ocho mil personas, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones, respectivamente, se encuentran en barcos a la espera de poder desembarcar en Tailandia, Malasia o Indonesia. Unos dos mil 500 bangladesíes y rohingyas han llegado a Indonesia y Malasia en la última semana, mientras que varios barcos con cientos de indocumentados han sido devueltos a alta mar.

Fuente: Vanguardia

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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