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Resto del mundo

Un hijo y ocho colaboradores de Gadafi, condenados a muerte en Libia

Saif al Islam, el hijo más conocido de Muamar Gadafi y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli, por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.

El tribunal condenó a muerte entre otros al último primer ministro de Gadafi, Bagdadi al Mahmudi, y a su ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdala Senusi. Los dos ex dirigentes estaban presentes en la sala.

 Saif al Islam no asistió en cambio al juicio en la capital libia, porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso compareció por videoconferencia. Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la OTAN, terminó con más de 40 años de régimen gadafista en 2011 y con la propia vida de Muamar
Gadafi.

En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta de 2011. También estaban procesados por secuestro, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.

El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.

También se vio marcado en el caso de Saif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso. En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados.

Nueve fueron condenadas a muerte ante el pelotón de ejecución, y ocho a cadena perpetua. Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel. Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y sólo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Disputas en torno a Saif al Islam

La milicia que mantiene preso a Saif al Islam en Zintan es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este) cuando la coalición de milicias Fajr Libia tomó el poder en Trípoli, creando su propio gobierno y parlamento.

El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.

Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del «círculo más estrecho» de su padre, y que «concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi».

La Corte con sede en La Haya acusa a Saif al Islam, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de Muamar Gadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.

La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libia. A diferencia de Saif al Islam, la CPI dio luz verde a Libia para que juzgara a Abdala Senusi.

Fuente : El Tiempo.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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