Un juez ordenó la medianoche del jueves el impedimento de salida al extranjero de la primera dama de Perú, Nadine Heredia, por cuatro meses, mientras continúen las investigaciones por lavado de activos a ella, su hermano Ilan Heredia, extesorero del Partido Nacionalista, y a Rocío Calderón, amiga de Heredia. Es la primera vez que la justicia ordena el arraigo de la esposa de un presidente en funciones y lo hace a pedido de la fiscalía de lavado de activos.

Los movimientos de dinero investigados en las cuentas bancarias de Heredia corresponden a fondos llegados de Venezuela y Brasil para las campañas electorales de su esposo en 2006 y 2011.

La audiencia protagonizada por el fiscal Germán Atoche y el juez Richard Concepción Carhuancho duró más de diez horas, con un receso al final de la tarde. Heredia no asistió y fue representada por su abogado Eduardo Roy Gates, exasesor presidencial.

Durante su acusación, Atoche citó una supuesta carta del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez dirigida a Humala, en la que alude a dos millones de dólares enviados para su campaña de 2006, documento que fue entregado por un colaborador.

El fiscal usó el testimonio que dio a la exprocuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, el actual presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, quien era presidente del Consejo de Ministros en 2006, y comentó que en aquel año sospechaban del traslado de dinero desde Venezuela en valijas diplomáticas. Consultado por la prensa, al ser mencionado en la audiencia judicial, precisó que las valijas diplomáticas —por definición— no pueden abrirse. “No me consta”, el traslado de dinero, agregó la tarde del jueves.

El fiscal se refirió a otra modalidad de aportes a la campaña electoral del Partido Nacionalista en 2011, en la cual intervinieron empresas brasileñas actualmente procesadas en el caso Lava Jato.

“En 2011 ingresó dinero de procedencia ilícita de minería ilegal y de dos empresas constructoras Odebrecht y OAS. Como en 2006, ingresa dinero cochino, sucio, de las empresas para financiar la campaña de 2011 y dan visos de legalidad con aportantes falsos”, sostuvo Atoche. El fiscal agregó que OAS se benefició con el contrato para construir el Hospital Lorena de Cusco a cambio de ceder a la campaña un 2,5% del monto pactado para la obra. A la fecha, la construcción sigue paralizada.

Otras pruebas citadas por el fiscal fueron las declaraciones de supuestos empleadores de Heredia, a quien le encargaron consultorías o trabajos que la primera dama no pudo demostrar que realizó. Uno de ellos, el empresario chavista peruano-venezolano Julio Augusto López, y el otro, el hombre de confianza de Humala en la campaña de 2006, Martín Belaunde Lossio, hoy preso, y paciente hace dos meses de una clínica privada vigilada las 24 horas del día por la policía antisecuestros.

El juez Concepción dispuso, además del impedimento de salida al extranjero, que Heredia “cumpla con registrar su firma en el juzgado de investigación cada 30 días” y pague una caución de 15.100 dólares.

La resolución fue apelada por los abogados de los tres investigados, y Roy negó la autenticidad de la carta del exjefe de Estado venezolano. “Chávez no decía la Gran Colombia; no decía hermano, sino camarada; es increíble que se use esa carta, es falsificada”, declaró a la prensa al final de la audiencia. El patrocinador de la primera dama asegura que no se cumplen los presupuestos para el impedimento de salida. “Ella ha enfrentado cada una de las investigaciones como lo viene haciendo, tiene tres hijos menores, está arraigada en el país”, añadió el abogado.

ElPaís