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México

Un policía de la CDMX asesinó a su pareja, también policía, aventándola desde el cuarto piso de un edificio

Una mujer policía fue asesinada por su pareja sentimental, quien también laboraba como agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Nancy Jaqueline Peralta Romero, de 35 años de edad, fue presuntamente arrojada por Gustavo “N”, de 27 años, desde el cuarto piso de un edificio de departamentos, donde vivían juntos, localizado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, antes de la caída se le escuchó pelear con su pareja, quien escapó del lugar.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del miércoles 3 de marzo. Al edificio arribaron Nancy y Gustavo a bordo de una motocicleta: videos de cámaras de videovigilancia, difundidos a través de redes sociales, captaron el momento alrededor de las 22:00 horas.

Cámaras de seguridad del inmueble revelaron que, minutos antes de las 01:00 horas, el cuerpo de la víctima cae desde una piso del edificio. Momentos después de que Nancy fuera presuntamente arrojada, el mismo hombre con quien entró se aleja rápidamente de la edificación y se sube a su motocicleta para huir.

El reportero Antonio Nieto, en su cuenta de Twitter, señaló que Nancy Jaqueline “también daba clases en una universidad y estaba adscrita al sector Chapultepec, de la SSC de la Ciudad de México”. La Fiscalía capitalina, de acuerdo con La Prensa, abrió la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1 S/D/00028/03-2021. Una de las líneas de investigación es por el delito de feminicidio.

Patricia Romero, tía de la víctima, afirmó a Excélsior durante el funeral de Peralta Romero que las autoridades no han trabajando en el caso.

“Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día uno hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”, dijo al medio.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental.

“Yo me encontraba en la agencia del MP en el momento en que mi sobrina falleció, hasta ese momento el Ministerio Público solicitó que los peritos se presentarán en el departamento de mi sobrina, o sea ella en una hora logró a partir del momento en que mi sobrina fallece que los peritos se presentaron en una hora en el departamento de mi sobrina cuando yo tenía siete días solicitándole que los llevara”, declaró Patricia Romero.

La tía de Nancy también especificó que ella mismo llevó los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades, y que desconoce cómo se filtraron al público y si esto afectará el proceso de justicia.

“No sabemos qué tan comprometida se pueda ver la investigación por el simple hecho de reproducir el video, nosotros como familia no lo filtramos, no sabemos si lo hizo la misma autoridad, la verdad sí estamos preocupados en ese sentido”, mencionó.

Por su parte, Álvaro Antonio Peralta, padre de la víctima, pidió investigar el asesinato de su hija como un feminicidio. “Aunque el Ministerio Público ahorita lo tiene como homicidio yo creo que sí es un feminicidio, porque fue con todas las agravantes”, dijo, de acuerdo con Excélsior.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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