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Un reto y un compromiso el caso de las mujeres desaparecidas en Juárez?

En una prolongada reunión con madres de mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, el Gobernador César Duarte Jáquez destacó que se alcanzaron acuerdos muy importantes para analizar caso por caso y que se estableció un reto y un compromiso con las familias para encontrar a estas damas.

En una prolongada reunión con madres de mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, el Gobernador César Duarte Jáquez destacó que se alcanzaron acuerdos muy importantes para analizar caso por caso y que se estableció un reto y un compromiso con las familias para encontrar a estas damas.

“Y la verdad es que la relación del estado con  ellas en los programas tendrá que ser más eficiente, hay reclamos que nosotros recibimos con toda claridad y compromiso de que se mejore la atención que les estamos dando”, comentó el Gobernador de Chihuahua.

Dijo que después de cuatro horas de diálogo fue posible alcanzar acuerdos que van a permitir seguir apoyando y buscar lo que de fondo se está buscando, “encontrar a las hijas de las madres que las han declarado desaparecidas y que las estamos buscando”, acotó el mandatario estatal.

Comentó que hay una buena comunicación con las madres y que regresó muy satisfecho del resultado de esa reunión, porque se avanzó de manera muy consistente en los acuerdos que tiene el estado con las madres.

Este, señaló Duarte Jáquez, es un tema que nadie quisiera que hubiese existido, ha dañado a muchas familias, ha dañado la imagen de Chihuahua, “pero tenemos que resarcirlo”.

Agregó que la Fiscalía General del Estado mantiene la coordinación con instancias internacionales para encontrar a las desaparecidas. “El número de ellas es muy importante. Pero con una basta para no estar satisfechos hasta encontrarlas”.

Redacción: Corina Muruato

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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