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Una asistente se apropia de la casa donde trabajaba, luego de que la dueña falleciera por Covid

Pilar, de 75 años, murió en su casa de la Avenida Juan Carlos I de Leganés por Covid a finales de marzo. Era viuda, vivía sola y tenía desde hacía un mes y medio una asistenta de hogar, una mujer peruana de 33 años llamada Rosa. Esta empleada ordenó por su cuenta la incineración de la anciana sin avisar a sus dos hijas y se instaló de inmediato en la vivienda de la septuagenaria. La Policía investiga los hechos y ha tomado ya declaración a la okupa y a la funeraria que sin permiso de sus descendientes se hizo cargo del cadáver.

Rosana, la hija de Pilar, sospecha que «estamos ante algo más que una okupación, ya que su madre no se encontraba mal» y asegura que diez días antes de su muerte la asistenta puso a su nombre los contratos de luz y agua de la vivienda y los seguros con un supuesto poder otorgado por la anciana. «Me gustaría saber que pasó con mi madre esos dias, yo también tuve coronavirus esa época y estuve 30 días ingresada. Cuando nos enteramos de su muerte ya estaba incinerada», señala. «Creo que mi madre no murió de forma natural y vamos a hacer todo lo posible para que se aclare lo que ha pasado. Tenemos indicios de que la ha podido hacer algo», asevera la hija que es consciente de que sin autopsia va a ser complicado demostrar sus graves acusaciones.

La hija de Pilar relata que su madre tenía una cuidadora desde hace tiempo que se marchó a principios de año y que le recomendaron a Rosa. A mediados de febrero la mujer peruana empezó a trabajar dos horas diarias en la limpieza de la casa. «A finales de marzo yo estaba ingresada por coronavirus pero tenía un contacto diario con mi madre durante esos días del pico máximo de la pandemia. De la noche a la mañana nos dijeron que había muerto. Un día antes de fallecer ella estaba bien y no sabemos que es lo que le pasó porque que el certificado médico señala que mi madre murió por posible Covid-19», apunta la hija. Los vecinos confirman también que dos días antes de fallecer la mujer salió de la casa a comprar el pan y que su estado era «aparentemente bueno». «Yo la ví, hablé con ella y parecía que estaba fenomenal», señaló una amiga de Pilar a Telemadrid.

Sostiene la hija de Pilar que lleva estos meses tratando de esclarecer los hechos y da la gracias a la empresa Desokupa que se ha encargado desde esta semana del caso para tratar de echar a la mujer, que tiene dos niños pequeños a su cargo.

Rosana relata con extrañeza que la asistenta iba a la casa de lunes a viernes y que su madre falleció un sábado. «Ese día no tenía que ir a la casa pero apareció y dice que descubrió el cadáver de mi madre al entrar en la casa pero no avisa al 112 ni hace nada. Ella nos tenía que haber llamado y lo que hizo fue avisar a la funeraria y encargar la incineración y miente diciendo que es la cuidadora y que no tenía hijos», cuenta la hija.

Según las primeras pesquisas, Rosa dijo por teléfono a la funeraria que Pilar no tenía familia. Presentó ante la empresa fúnebre una autorización para la inhumación del cadáver y también aportó una copia del DNI de Pilar y de su propio carné. «Creemos que lo ha falsificado todo. Mi madre era muy desconfiada y no la creo capaz de firmar ese poder. Ni siquiera mi madre le dio las llaves de la casa cuando la contrató y siempre la abría la puerta. No sabemos como tenía las llaves de la casa y el motivo por el que se la encontró muerta», matiza la hija.

El empleado de la funeraria reconoció en su declaración a la Policía que Rosa, la cuidadora, realizó por teléfono la contratación del servicio de incineración debido a la excepcionalidad de la situación de pandemia que se vivía esos días. Y añadió que se aportaron luego todos los certificados correspondientes para tramitar la cremación del cuerpo.

El yerno de Pilar ha intentado sin éxito negociar con la okupa durante las últimas semanas. «Si tuviera dignidad se habría ido ya. La he ofrecido hasta 6.000 euros y la he ofrecido trabajo y un piso de alquiler y me contestó que si le daba 15.000 euros que igual se iba», señala Juanjo, pareja de Rosana.

La supuesta intrusa no ha querido ofrecer la versión de los hechos. Solo comentó que en su país de origen las personas que cuidan de ancianos se quedan con su casa cuando fallecen. «La difunta me autorizó a quedarme la vivienda», dijo a una de las dos hijas de Pilar.

Los responsables de la empresa Desokupa aseguran que están planificando una acción para recuperar la vivienda usurpada el jueves por la mañana. Daniel Estévez, director de Desokupa, señala que se va a acusar a Rosa «de homicidio, hurto, apropiación indebida, usurpación de domicilio y estafa».

Fuente: El Mundo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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