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México

Una investigación reveló el presunto vínculo entre Samuel García y un distribuidor de Los Zetas

Un presunto narcotraficante asesinado en 2019 era el propietario clave de una empresa que está bajo investigación por canalizar fondos hacia la campaña del gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien asumirá el caro el próximo mes.

El sitio especializado en narcotráfico Breitbart Texas obtuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), y reveló que una de las empresas que supuestamente fue utilizada para lavar fondos —llamada Servicios y Asesorías Zulamak S.A. de C.V., — era propiedad de José Adrián Parrilla Correa, de 29 años, un presunto narco abatido.

De acuerdo con la investigación, a pesar de que la empresa cuenta con número de registro y de expediente estatal, tanto la compañía como la personalidad comercial de los propietarios parecen ser ficticias. La sede corporativa se encuentra ubicada en el barrio 10 de Marzo en Monterrey, una zona identificada como punto rojo de venta de droga.

@Breitbart
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La empresa citada anteriormente y otra llamada Grupo Renok S.A. de C.V. están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas inconsistencias. Una de ellas es que ninguna de las dos contaba con personal ni equipo para operar recibos y facturas para servicios y bienes, a pesar de que aseguraban hacerlo.

Parrilla Correa se ostentaba como empresario de Monterrey, y sus empresas prestaban servicios de marketing, recursos humanos y auditoría. Sin embargo, sus antecedentes penales revelaron un arresto en 2012 por cargos de distribución de drogas a nivel local.

Incluso llegó a declarar, durante uno de sus arrestos, que era distribuidor de drogas para el cártel de Los Zetas. Fue condenado por cargos federales de drogas pero pudo evitar la cárcel gracias al servicio comunitario.

En 2014, las autoridades locales arrestaron a Parrilla Correa, y más tarde un juez lo condenó por el robo violento de una pequeña cantidad de efectivo. En 2016, las autoridades lo arrestaron por otro cargo de posesión de drogas, luego de detenerlo inicialmente por fumar marihuana en el barrio 10 de Marzo, la misma zona donde está registrada la empresa Zulamak.

REUTERS/Daniel BecerrilREUTERS/Daniel Becerril

Parrilla Correa fue asesinado en 2019, luego de que un sicario le disparara presuntamente por una pequeña deuda de drogas.

La investigación se centra en el presunto uso de empresas fantasmas para lavar dinero, ya que parte de esos fondos, al parecer fueron enviados a la campaña de Samuel García. La investigación también señala a su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, y su presunto uso de Zulamak para mover fondos.

La fiscalía anunció a principios de mayo que investigaba a García y a Adrián De la Garza, candidatos que aparecían como los punteros en la elección para gobernador de Nuevo León.

En el caso del entonces abanderado de Movimiento Ciudadano, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) aportó información sobre García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por diversas denuncias.

El padre del gobernador electo figura en varios archivos de inteligencia en ambos lados de la frontera por presuntamente ser prestanombres del exjefe del Cártel del Golfo, Gilberto El June García Mena, y presuntamente desfalcar sus propiedades y cuentas.

El ex senador pidió en su momento que las autoridades dejaran a su familia fuera de las investigaciones.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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