Conecta con nosotros

México

Una llamada cambió el destino de los 43 de Ayotzinapa; se cumplen 6 años del caso

Por un cambio de orden, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron “eliminados” y “desaparecidos” hace 6 años.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, aseguró a Excélsior que, de acuerdo con las investigaciones del caso, entre las diez y las 11 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.

Explicó que, tras un enfrentamiento y una persecución a balazos por parte de sus atacantes, muchos estudiantes quedaron heridos. Ellos fueron separados de sus compañeros ilesos y trasladados al hospital, incluso a bordo de patrullas y ambulancias.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos. Sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche, viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores: deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”, indicó.
Esta tesis del “cambio de orden” fue planteada por la CNDH en su Recomendación 15VG/2018, donde señala que César Nava, entonces subdirector de la policía de Cocula y presente aquella noche, se retiraba de Iguala cuando recibió una llamada de alguien identificado como El Patrón. Tras esto, el mando regresó a la comandancia de Iguala para exigir que por “orden de arriba” les entregaran a los normalistas que para ese momento estaban detenidos.

Un cambio de orden” provocó hace seis años que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueran “eliminados” y “desaparecidos”, aseguró a Excélsior el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales.

Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones del caso, aproximadamente en una hora —entre las 10 y las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014—, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.

Previo al sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que conmemorarán con una marcha, Rosales expone la línea de investigación sobre ese “cambio de orden”.

Ese modus operandi de las agresiones a los estudiantes se tiene que investigar de manera profunda, exhaustiva, porque los datos de prueba dan cuenta que hasta las 10 de la noche, por lo menos, la forma y el comportamiento de los agresores no era para desaparecer, no era para eliminar a los normalistas”, afirmó.

La tesis del “cambio de orden” a la que se refiere Vidulfo Rosales, fue planteada e investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 15VG/2018 Caso Iguala.

Para sustentar el “cambio de orden” que redimensionó el caso de los normalistas durante los hechos en Iguala, Rosales refiere:

Si bien es cierto que hubo un enfrentamiento, una persecución a balazos, donde hubo un herido de gravedad que es Aldo Solano, en Periférico Norte, muchos estudiantes que salieron heridos, fueron bajados del autobús, apartados con los que estaban ilesos y tendidos en la banqueta; todos los heridos fueron llevados al hospital; incluso algunos en las patrullas de la policía municipal, en ambulancias y recibieron atención médica”.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos, sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores; a partir de ahí deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”.

A pregunta expresa sobre si César Nava, entonces subdirector de la policía municipal de Cocula fue quién recibió el “cambio de orden” de parte de alguien identificado por la CNDH como El Patrón, Rosales dijo:

Ese dato yo no lo tengo preciso. No puedo asegurar ese dato de prueba, no tengo los elementos, pero lo que puedo decir es esto: los datos de prueba nos indican que después de las 11 de la noche la orden fue de desaparecer; antes no había una orden de desaparecerlos. Los datos nos indican el modus de los agresores y no había orden de desaparecer”.

Sobre quién dio ese “cambio de orden”, Rosales dijo que “tenemos algunos indicios, son parte de la investigación, no son susceptibles de referirlos públicamente”.

La afirmación del abogado Rosales cobra fuerza en el apartado 26 de la Recomendación de la CNDH, Transmisión de órdenes para ejecutar actos de agresión y desaparición de los normalitas de Ayotzinapa.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto