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México

Una mujer podría dirigir el Senado mexicano

Por primera ocasión desde que el Senado tiene una integración plural, tres mujeres están en la lista de los perfiles que analiza el PRI para presidir la Mesa Directiva.
Hilda Flores Escalera, Graciela Ortiz González y Cristina Díaz Salazar son las tres legisladoras que están en la lista de los diez posibles legisladores que pueden sustituir al panista Roberto Gil Zuarth en el máximo puesto de poder del Senado.

Desde que el PRI dejó de tener mayoría aplastante, en 2000, que originó la transformación interna de esta instancia legislativa con la desaparición de la Gran Comisión y el nacimiento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde están representadas todas las fuerzas políticas, ninguna mujer ha sido considerada para presidir el Senado.
Ahora, el grupo parlamentario del PRI, que encabeza Emilio Gamboa, incluyó a estas tres mujeres en los perfiles que analiza; además, ésta es la primera vez que el Senado tiene una representación femenina considerable, con 47 legisladoras.

Como este año legislativo que empieza el 1 de septiembre le corresponde presidir al PRI, y es altamente probable que también lo haga en el siguiente, son los nombres de las priistas las que deberán sumar consensos, pues se necesita el voto de dos terceras partes del pleno para convertirse en presidente de la Mesa Directiva.

Hilda Flores es de Coahuila, muy popular en su estado. De una dinámica discreta de trabajo, Hilda Flores presidió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y le dio un dinamismo constante.

Ha traducido en decenas de iniciativas sus inquietudes por esta población y ha logrado que se aprueben cambios importantes en apoyo a menores de edad, a personas con discapacidad y de visibilidad de sectores como las personas con espectro autista. Actualmente es secretaria de la Mesa Directiva.
Graciela Ortiz es conocida en el Senado como una oradora implacable, certera y contundente. Es una voz lapidaria a la oposición, cuando ésta usa la tribuna para atacar al PRI. Ha sido parte de los gobiernos de Chihuahua y en el PRI ha ocupado al menos cinco posiciones de poder que antes eran exclusivas para los varones, como secretaria técnica del Consejo Nacional y secretaria de Acción Electoral en la época en que el PRI comenzó a recuperar gubernaturas.

Cristina Díaz es de Nuevo León. Ya dirigió al PRI y es una activa legisladora que presenta iniciativas en atención a temas de apoyo directo a la salud de la población.

Como presidenta de la Comisión de Gobernación, es una activa y constante negociadora; aunque en algunos momentos las presiones del PAN y el PRD le arrebatan turnos de temas que corresponden a su Comisión, ha sabido remar contracorriente, con base en un trabajo de diálogo constante.

 

 

 

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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