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Unicef asegura que México también separa menores migrantes de sus padres

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Las autoridades migratorias mexicanas separan de sus familias a niños migrantes mayores de 12 años provenientes de Centroamérica, lo que causa un «estrés tóxico» en los menores, alertó este miércoles Dora Giusti, jefa de Protección a la Infancia de Unicef México.

En su informe «Desarraigados en Centroamérica y México», que aborda los flujos migratorios entre América Central y América del Norte, Unicef señala que no solo Estados Unidos separa a familias migrantes, sino también lo hace México, país en que se establecen muchos migrantes ante las dificultades de alcanzar la frontera norte.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las autoridades mexicanas suelen detener y llevar a los niños de 12 años a una zona separada de sus familias, mientras que se permite a las madres quedarse con los niños más pequeños.

Ante esto, Giusti pidió acelerar la reunificación de familias, tanto en México como en Estados Unidos, y advirtió que «el impacto que tiene la separación y la detención genera un estrés tóxico que puede generar repercusiones de por vida, como trastornos psicológicos».

«Hacemos un llamado fuerte ante esta situación para que no se vuelva a repetir en ningún lado, ni en México ni en Estados Unidos u otros lugares», sentenció en declaraciones a Efe.

El informe, divulgado hoy, indica que al menos 286 mil 290 migrantes que viajaban a Estados Unidos fueron interceptados en la frontera norte de México entre octubre de 2017 y junio de 2018. De ellos, 37.450 eran menores de edad que emprendieron la travesía en solitario.

Los que viajan solos suelen ser víctimas de «explotación por parte de bandas criminales y violencia sexual en el caso de las chicas», así como discriminación y rechazo en las comunidades por donde pasan, indicó Giusti.

Además, Unicef calcula que, entre 2016 y 2017, casi 60 mil menores de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron retenidos en estaciones migratorias, en lugar de ser hospedados en albergues como marca la ley.

Dora Giusti explicó que se han detectado casos de menores que pasan hasta tres meses detenidos, lo que les genera «una desesperación muy fuerte» y muchos de ellos prefieren ser retornados a sus países e intentar la travesía de nuevo antes que seguir encerrados y solicitar refugio.

«Si no los trasladan a un albergue se desesperan y ya no quieren pedir refugio. Para ellos, México es la estación migratoria y no quieren vivir así», describió.

Añadió que la fiscalía especializada en protección de niños debería realizar «un análisis en detalle de los derechos» de cada menor, pero ello «no ocurre en el 100 % de los casos y muchos chicos son retornados rápidamente en tres días».

Solo 167 solicitudes de asilo y refugio fueron aprobadas en México en 2017, año en que se detectaron 18 mil menores, por lo que el resto fueron sometidos a procesos de deportación.

En los casos de niños de Guatemala, son retornados en camión y ubicados en un albergue en la frontera, desde donde se contactan las familias.

El proceso con los hondureños y salvadoreños se demora más, puesto que las deportaciones se hacen en avión y deben ser costeadas por las autoridades del estado mexicano donde se detuvo al menor, y no siempre tienen el presupuesto para hacerlo.

La jefa de Protección a la Infancia de Unicef México indicó que aunque la inmensa mayoría de menores huyen de la violencia y buscan reencontrarse con familiares afincados en Estados Unidos, están «dispuestos a quedarse en México si se le ofrece un proyecto de vida», como trabajo o formación profesional.

Unicef insta a México a poner fin a la práctica de detención de niños por su condición de migrantes, así como a protegerlos de la violencia, mantener sus familias unidas y abordar las causas estructurales que les obligan a huir de sus países de origen, como la falta de desarrollo económico y la violencia en Centroamérica.

Giusti explicó que estas demandas ya han sido trasladadas al equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de diciembre.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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