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Universidades públicas suman irregularidades por $9 mil 887 millones

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Las universidades públicas del país mantienen una insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios que reciben.

De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública 2019, presentado ayer a diputados federales, estas instituciones tienen un monto observado por nueve mil 887.8 millones de pesos, es decir, son recursos cuyo gasto está pendiente de aclararse o que deben ser reintegrados a la Federación.

El informe, presentado por Emilio Barriga Delgado, auditor de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que de un billón 924 mil 475.4 millones de pesos fiscalizados, el monto observado para 2019 es de 29 mil 290.3 millones.

Las irregularidades detectadas a las universidades públicas, en la mayoría de los casos, se refieren a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las institucionales. Esta anomalía se observó en el 62% de los recursos observados de este sector, es decir, en seis mil 148 millones de pesos. En 16.8% de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

Las instituciones reportaron observaciones en más de 18 pesos por cada 100 ejercidos durante 2019.

El análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ayer a los diputados sobre el gasto federalizado prende la alerta sobre la insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios de las universidades públicas, con un monto de dinero observado en la Cuenta Pública de 2019 de 9 mil 887.8 millones de pesos, una cantidad que representa el 18.6 por ciento de los recursos fiscalizados.

A diferencia de las dos reuniones de trabajo anteriores de los funcionarios de la ASF con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que se transmitieron en tiempo real en redes sociales y por en el Canal del Congreso, la de este martes se hizo de manera privada y semipresencial.

A iniciativa de la ASF, se repartió a través de Comunicación Social de San Lázaro el documento que al inicio del encuentro presentó a los legisladores el auditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, el cual ascendió en 2019 a un billón 924,475.4 millones de pesos.

De ese total, el monto observado durante la fiscalización de ese año es de 29 mil 290.3 millones de pesos, de los cuales 11 mil 179.6 es de las participaciones federales a los gobiernos estatales.

El monto observado se compone de los montos por aclarar, así como de aquellos que fueron o deben ser reintegrados a la Federación durante la auditoría.

De las gráficas compartidas a los diputados, destaca la correspondiente al monto que se le observó a las universidades públicas, de 9 mil 887.8 millones de pesos, más de la sexta parte de los recursos revisados, cuando el promedio para el resto de los programas y rubros que fueron auditados es de 2.3 por ciento.

Es decir, mientras en el resto fueron observados dos pesos de cada 100, en el caso de las instituciones de educación superior la cifra es de más de 18 pesos por cada 100.

Esto significa que las casas de estudio reportan desorden en su administración interna, misma que se refleja en la falta de documentación suficiente de sus gastos, por lo que la ASF no ha tenido hasta ahora una comprobación satisfactoria de los recursos ejercidos en 2019.

En cuanto al desglose de los conceptos en los que fueron detectadas esas irregularidades, la mayoría de los casos se refiere a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las de las institucionales. Esta anomalía se observó en el caso del 62 por ciento de los recursos observados de este sector, es decir, en 6 mil 148 millones de pesos.

En el 16.8 por ciento de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó que hubo pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

JUSTIFICAN ANOMALÍAS POR LA PANDEMIA
La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la reconversión de hospitales a centro covid-19 fueron las principales justificaciones en las anomalías del sector salud que informó ayer el auditor especial del gasto federalizado, Emilio Barriga Delgado, en la Cuenta Pública 2019.

Durante una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, el funcionario dio detalles del gasto federalizado observado durante el primer año del actual gobierno.

Legisladores consultados indicaron que Barriga Delgado amplió información y señaló que las principales observaciones en la salud fueron por el tránsito administrativo que provocó la eliminación del Seguro Popular y la pandemia de covid-19 por la que muchos hospitales cambiaron su mecánica de trabajo, tuvieron que cerrar por cuestiones de salud o no pudieron entregar la información en tiempo y forma por la pandemia.

En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (Movimiento Ciudadano), aclaró que la reunión de este martes con el auditor fue privada porque fue para el aclarar dudas de los legisladores y es parte de una ruta de trabajo técnico que justifica ese formato.

Señaló que las dos anteriores sí debían ser abiertas por tratarse de comparecencias aprobadas por el pleno de los diputados.

Fuente: Excelsior

México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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