Conecta con nosotros

México

Universidades públicas suman irregularidades por $9 mil 887 millones

Las universidades públicas del país mantienen una insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios que reciben.

De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública 2019, presentado ayer a diputados federales, estas instituciones tienen un monto observado por nueve mil 887.8 millones de pesos, es decir, son recursos cuyo gasto está pendiente de aclararse o que deben ser reintegrados a la Federación.

El informe, presentado por Emilio Barriga Delgado, auditor de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que de un billón 924 mil 475.4 millones de pesos fiscalizados, el monto observado para 2019 es de 29 mil 290.3 millones.

Las irregularidades detectadas a las universidades públicas, en la mayoría de los casos, se refieren a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las institucionales. Esta anomalía se observó en el 62% de los recursos observados de este sector, es decir, en seis mil 148 millones de pesos. En 16.8% de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

Las instituciones reportaron observaciones en más de 18 pesos por cada 100 ejercidos durante 2019.

El análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ayer a los diputados sobre el gasto federalizado prende la alerta sobre la insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios de las universidades públicas, con un monto de dinero observado en la Cuenta Pública de 2019 de 9 mil 887.8 millones de pesos, una cantidad que representa el 18.6 por ciento de los recursos fiscalizados.

A diferencia de las dos reuniones de trabajo anteriores de los funcionarios de la ASF con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que se transmitieron en tiempo real en redes sociales y por en el Canal del Congreso, la de este martes se hizo de manera privada y semipresencial.

A iniciativa de la ASF, se repartió a través de Comunicación Social de San Lázaro el documento que al inicio del encuentro presentó a los legisladores el auditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, el cual ascendió en 2019 a un billón 924,475.4 millones de pesos.

De ese total, el monto observado durante la fiscalización de ese año es de 29 mil 290.3 millones de pesos, de los cuales 11 mil 179.6 es de las participaciones federales a los gobiernos estatales.

El monto observado se compone de los montos por aclarar, así como de aquellos que fueron o deben ser reintegrados a la Federación durante la auditoría.

De las gráficas compartidas a los diputados, destaca la correspondiente al monto que se le observó a las universidades públicas, de 9 mil 887.8 millones de pesos, más de la sexta parte de los recursos revisados, cuando el promedio para el resto de los programas y rubros que fueron auditados es de 2.3 por ciento.

Es decir, mientras en el resto fueron observados dos pesos de cada 100, en el caso de las instituciones de educación superior la cifra es de más de 18 pesos por cada 100.

Esto significa que las casas de estudio reportan desorden en su administración interna, misma que se refleja en la falta de documentación suficiente de sus gastos, por lo que la ASF no ha tenido hasta ahora una comprobación satisfactoria de los recursos ejercidos en 2019.

En cuanto al desglose de los conceptos en los que fueron detectadas esas irregularidades, la mayoría de los casos se refiere a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las de las institucionales. Esta anomalía se observó en el caso del 62 por ciento de los recursos observados de este sector, es decir, en 6 mil 148 millones de pesos.

En el 16.8 por ciento de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó que hubo pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

JUSTIFICAN ANOMALÍAS POR LA PANDEMIA
La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la reconversión de hospitales a centro covid-19 fueron las principales justificaciones en las anomalías del sector salud que informó ayer el auditor especial del gasto federalizado, Emilio Barriga Delgado, en la Cuenta Pública 2019.

Durante una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, el funcionario dio detalles del gasto federalizado observado durante el primer año del actual gobierno.

Legisladores consultados indicaron que Barriga Delgado amplió información y señaló que las principales observaciones en la salud fueron por el tránsito administrativo que provocó la eliminación del Seguro Popular y la pandemia de covid-19 por la que muchos hospitales cambiaron su mecánica de trabajo, tuvieron que cerrar por cuestiones de salud o no pudieron entregar la información en tiempo y forma por la pandemia.

En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (Movimiento Ciudadano), aclaró que la reunión de este martes con el auditor fue privada porque fue para el aclarar dudas de los legisladores y es parte de una ruta de trabajo técnico que justifica ese formato.

Señaló que las dos anteriores sí debían ser abiertas por tratarse de comparecencias aprobadas por el pleno de los diputados.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto