Organizaciones no gubernamentales advirtieron que el abuso sexual en la infancia, que afecta a uno de cada cinco menores de edad de 18 años, constituye uno de los delitos “más silenciados e impunes”, y se manifestaron en contra de la “revictimización e impunidad”.
«Sólo se denuncia 10 por ciento de la cantidad total de delitos de abuso sexual a menores y violencia hacia las mujeres”, reportó la Red Nacional de Visibilización Contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, que adjudicó los datos al juez federal Carlos Rozanski.
La organización sostuvo que de ese 10 por ciento «se termina esclareciendo menos del 0,01% de los casos denunciados”, por lo que concluyó que «de cada 1.000 casos denunciados sólo se esclarece con sentencia firme uno, quedando así 999 delitos denunciados impunes”.
«El abuso sexual en la infancia es una de las problemáticas mayormente invisibilizadas por parte del Estado, la Justicia, las instituciones y la sociedad civil, aunadas en sus bases a la cultura patriarcal que no discrimina país, etnia, cultura o condición socioeconómica”, expresó la Red en un informe difundido en el marco del Día Mundial por la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia.
La organización manifestó que «uno de cada cinco niños sufre y sufrió abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad”, y advirtió que la cifra «demuestra un contexto judicial aún más escalofriante”.
En ese sentido, sostuvo que «es un ejercicio habitual de la justicia patriarcal la puesta en práctica de vulneración de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”.
«Se los obliga a pasar por situaciones doblemente victimizantes, descreyendo sus palabras y forzándolos a revinculaciones con sus abusadores, quienes continuarán perpetrando las atrocidades y flagelos a sus víctimas”, afirmó la Red Nacional de Visibilización Contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes.
También, afirmó que la «misma modalidad ultrajante se reitera para con aquellas mujeres y madres protectoras que deciden transitar el camino judicial en búsqueda del reparo de los daños que les toco padecer a sus hijos”.
Las organizaciones, que también planificaron una marcha a los tribunales porteños en contra de la «revictimización y la impunidad”, exigieron el cumplimiento de la ley nacional N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la N° 23.849, que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.
Las manifestaciones de la Red fueron apoyadas por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), una de las organizaciones autoras de la publicación «Abuso sexual en la infancia. Guía de orientación y recursos disponibles en CABA y provincia de Buenos Aires”.
La presidente de FEIM, Mabel Bianco, mostró su «preocupación y alerta por el accionar de la justicia patriarcal que, en nombre de resguardar un modelo de familia tradicional, vulnera los derechos de niñas y niños que fueron abusados al obligarles a revincularse con sus progenitores agresores y también al separarles a la fuerza de sus madres”.
«La Justicia debe escuchar a las niñas y los niños, porque es su derecho y no mienten”, aseguró Bianco.
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