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Unos 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual de más de mil menores en Pensilvania

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El arzobispo Donald Wuerl envió a los sacerdotes de Pensilvania una carta en la que los alertaba sobre el contenido «profundamente perturbador» del informe.

La Corte Suprema de Pensilvania publicó este martes un informe en el que un gran jurado señala que unos 300 sacerdotes católicos son responsables del abuso sexual de más de 1.000 menores en seis diócesis de ese estado de EE.UU.

El reporte indica que algunos de los menores fueron «manipulados con alcohol o pornografía» y que «a algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos».

«Algunos fueron violados oralmente, algunas vaginalmente, algunos analmente», agrega el informe de más de 1,300 páginas que documenta los presuntos abusos.

De acuerdo con el texto, las víctimas fueron mayormente varones, aunque también hubo menores de sexo femenino, adolescentes y preadolescentes.

La Iglesia católica no había respondido a las acusaciones del informe nada más publicarse la noticia.

El fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el reporte detalla «un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano» durante las casi 70 años de presuntos abusos que cubre la investigación.

«Los sacerdotes estaban violando niños y niñas y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada; lo escondieron todo, por décadas», afirmó

Como consecuencia del presunto encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000.

Por demás, en ese estado existe un «estatuto de limitación» que impide que las víctimas de abusos sexuales en la infancia presenten demandas civiles contra la Iglesia después de cumplir 30 años.

El papado de Francisco se ha visto permeado por múltiples denuncias de abusos sexuales en la Iglesia católica.

No obstante, el jurado anunció que emitió acusaciones formales contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, quienes presuntamente abusaron de menores en la última década.

Shapiro no descartó que el número real de víctimas supere la cifra actual, ya que, en su criterio, es posible que las denuncias de algunos menores se hayan perdido o que muchos optaran por mantener el silencio ante el abuso.

«Era abuso sexual»
Según Shapiro, funcionarios de la Iglesia describieron de manera «rutinaria y deliberada» las denuncias de abusos como «juegos bruscos», «peleas y «conductas inapropiadas».

«No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación», aseguró el fiscal general.

El informe detalla diferentes tipos de agresiones sexuales, como el de un sacerdote que violó a una niña en el hospital después de que le extirparon las amígdalas u otro al que se le permitió continuar ejerciendo después de haber dejado embarazada a una menor de 17 años, con la que se casó y de la que luego se divorció.

Más de 300 sacerdotes fueron acusados por el abuso de más de 1.000 menores.

El informe señala que muchas de las víctimas afirmaron que fueron drogadas por los sacerdotes y otras alegaron que fueron maltratadas o golpeadas por miembros de sus familia que no creyeron sus historias sobre los abusos.

Una de las presuntas víctimas, de acuerdo con el reporte, cometió un intento de suicidio mientras se realizaba la investigación.

¿Cómo se realizó el informe?
El jurado detalló que para elaborar este documento investigó y escuchó el testimonio de decenas de testigos y revisaron medio millón de páginas de documentos internos de las diferentes diócesis durante casi dos años.

Como resultado, las autoridades judiciales consideraron que se trata de la investigación más amplia realizada hasta el momento por una agencia gubernamental en Estados Unidos sobre abuso sexual infantil en la Iglesia católica.

Según el grupo de investigación y defensa BishopAccountability.org anteriormente, otros grandes jurados investigaron más de una decena de casos de abusos, pero se trataron de diócesis o condados en particular y no alcanzaron las dimensiones del actual informe.

El anterior arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, renunció tras acusaciones de que había abusado de un menor en la década de 1970.
De acuerdo con medios estadounidenses, más de tres millones de católicos viven en Pensilvania.

La Iglesia en Estados Unidos se vio estremecida el pasado mes con la renuncia del entonces arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, que dejó el cargo tras denuncias de que había abusado sexualmente de niños y adultos durante décadas.

Entre los señalados de ocultamiento por el informe presentado este jueves está el actual arzobispo de Washington DC, cardenal Donald Wuerl, quien aseguró en un comunicado que «actuó con diligencia», que mostró «preocupación por los sobrevivientes» y buscó «evitar futuros actos de abuso».

«El informe será un recordatorio de los graves defectos que la Iglesia debe reconocer y por los que debe buscar el perdón», añadió.

Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

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• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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