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Unos 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual de más de mil menores en Pensilvania

El arzobispo Donald Wuerl envió a los sacerdotes de Pensilvania una carta en la que los alertaba sobre el contenido «profundamente perturbador» del informe.

La Corte Suprema de Pensilvania publicó este martes un informe en el que un gran jurado señala que unos 300 sacerdotes católicos son responsables del abuso sexual de más de 1.000 menores en seis diócesis de ese estado de EE.UU.

El reporte indica que algunos de los menores fueron «manipulados con alcohol o pornografía» y que «a algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos».

«Algunos fueron violados oralmente, algunas vaginalmente, algunos analmente», agrega el informe de más de 1,300 páginas que documenta los presuntos abusos.

De acuerdo con el texto, las víctimas fueron mayormente varones, aunque también hubo menores de sexo femenino, adolescentes y preadolescentes.

La Iglesia católica no había respondido a las acusaciones del informe nada más publicarse la noticia.

El fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el reporte detalla «un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano» durante las casi 70 años de presuntos abusos que cubre la investigación.

«Los sacerdotes estaban violando niños y niñas y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada; lo escondieron todo, por décadas», afirmó

Como consecuencia del presunto encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000.

Por demás, en ese estado existe un «estatuto de limitación» que impide que las víctimas de abusos sexuales en la infancia presenten demandas civiles contra la Iglesia después de cumplir 30 años.

El papado de Francisco se ha visto permeado por múltiples denuncias de abusos sexuales en la Iglesia católica.

No obstante, el jurado anunció que emitió acusaciones formales contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, quienes presuntamente abusaron de menores en la última década.

Shapiro no descartó que el número real de víctimas supere la cifra actual, ya que, en su criterio, es posible que las denuncias de algunos menores se hayan perdido o que muchos optaran por mantener el silencio ante el abuso.

«Era abuso sexual»
Según Shapiro, funcionarios de la Iglesia describieron de manera «rutinaria y deliberada» las denuncias de abusos como «juegos bruscos», «peleas y «conductas inapropiadas».

«No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación», aseguró el fiscal general.

El informe detalla diferentes tipos de agresiones sexuales, como el de un sacerdote que violó a una niña en el hospital después de que le extirparon las amígdalas u otro al que se le permitió continuar ejerciendo después de haber dejado embarazada a una menor de 17 años, con la que se casó y de la que luego se divorció.

Más de 300 sacerdotes fueron acusados por el abuso de más de 1.000 menores.

El informe señala que muchas de las víctimas afirmaron que fueron drogadas por los sacerdotes y otras alegaron que fueron maltratadas o golpeadas por miembros de sus familia que no creyeron sus historias sobre los abusos.

Una de las presuntas víctimas, de acuerdo con el reporte, cometió un intento de suicidio mientras se realizaba la investigación.

¿Cómo se realizó el informe?
El jurado detalló que para elaborar este documento investigó y escuchó el testimonio de decenas de testigos y revisaron medio millón de páginas de documentos internos de las diferentes diócesis durante casi dos años.

Como resultado, las autoridades judiciales consideraron que se trata de la investigación más amplia realizada hasta el momento por una agencia gubernamental en Estados Unidos sobre abuso sexual infantil en la Iglesia católica.

Según el grupo de investigación y defensa BishopAccountability.org anteriormente, otros grandes jurados investigaron más de una decena de casos de abusos, pero se trataron de diócesis o condados en particular y no alcanzaron las dimensiones del actual informe.

El anterior arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, renunció tras acusaciones de que había abusado de un menor en la década de 1970.
De acuerdo con medios estadounidenses, más de tres millones de católicos viven en Pensilvania.

La Iglesia en Estados Unidos se vio estremecida el pasado mes con la renuncia del entonces arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, que dejó el cargo tras denuncias de que había abusado sexualmente de niños y adultos durante décadas.

Entre los señalados de ocultamiento por el informe presentado este jueves está el actual arzobispo de Washington DC, cardenal Donald Wuerl, quien aseguró en un comunicado que «actuó con diligencia», que mostró «preocupación por los sobrevivientes» y buscó «evitar futuros actos de abuso».

«El informe será un recordatorio de los graves defectos que la Iglesia debe reconocer y por los que debe buscar el perdón», añadió.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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