El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, recordó uno de los capítulos más obscuros del sector viviendero en México: la caída de los grandes desarrolladores que, derivado de un modelo expansivo, fueron responsables de gran parte de la vivienda abandonada que existe actualmente.
“GEO, Homex y Urbi, son empresas que fallaron a los mexicanos, que tuvieron un quebranto a los ahorros de los trabajadores, pero también en la parte fiscal, porque esas casas (hoy en abandono) se vendían con un subsidio fiscal, entonces había doble desperdicio de recursos”, expresó Martínez Velázquez en su participación en la conferencia vespertina de este jueves.
Según el director del Infonavit, a partir del año 2000, los gobiernos en turno priorizaron un modelo expansivo de vivienda, sin tomar en cuenta que fueran unidades sin servicios básicos y alejadas de los centros de trabajo, lo que benefició a algunas desarrolladoras que comenzaron a construir viviendas, posteriormente vendidas con créditos del Instituto y subsidios del gobierno, sin priorizar su ubicación.
Sin embargo, en el 2013 las reglas del juego cambiaron y se establecieron los Perímetros de Contención Urbana, los cuales definieron las zonas del país donde se entregarían subsidios, lo que afectó a los grandes desarrolladores que tenían espacios en regiones que ya no entraban dentro de estos polígonos, lo que les generó una crisis.
“El modelo expansionista de vivienda, que se tuvo sobre todo en la primera parte de la década del año 2000 tuvo como consecuencia el abandono masivo de vivienda”, comentó el funcionario y añadió que, a partir del 2013, se pusieron reglas para reducir el crecimiento de las manchas urbanas e incluso en el 2019, el Infonavit determinó no entregar crédito para una vivienda colocada en zonas de riesgo.
Martínez Velázquez indicó que en anteriores direcciones del Instituto se buscó reinsertar en el mercado las viviendas que habían sido abandonadas mediante procesos de subastas; sin embargo, esto resultaba en un gran negocio para los particulares, que eran principalmente desarrolladores, que adquirían dichas unidades para volver a venderlas.
Los procesos de subasta de vivienda abandonada comenzaron en el 2015 y duraron hasta el 2018. En ese periodo, se subastaron 67,433 viviendas con la intención de que, quienes las adquirieron, las pudieran reinsertar al mercado.
“El 19 de diciembre del 2018 suspendí las subastas, todo mundo se enojó porque había muchos intermediarios, al Infonavit le pagaban en 133,000 pesos en promedio (por cada vivienda) y ellos la vendían después en 328,000 pesos, pero nunca recuperaban el entorno urbano, simplemente las arreglaban, las pintaban, las vendían, pero todo el entorno urbano seguía abandonado”, comentó el funcionario.
En este contexto, resaltó que ya se trabaja un esquema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y con gobiernos municipales, para poder reinsertar al mercado las 650,000 viviendas que tiene detectadas el Instituto y que están en una situación de abandono. donde se priorizará la situación del entorno para poder colocarlas.
Según Martínez Velázquez, se analiza que dichas viviendas sean adquiridas por gobiernos locales que tengan actualizados sus programas de desarrollo urbano, para garantizar que se cuenten con los servicios básicos de habitabilidad. Asimismo, se prevé que dichas casas puedan ser adquiridas por particulares.
Fuente: El Economista
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