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México

Urge alto comisionado a investigar homicidio de periodista en Chihuahua

Tras condenar el homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, al salir de su domicilio el pasado 10 de diciembre en Chihuahua; la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva e imparcial de los hechos, que permita llevar ante la justicia a los responsables.

“Este ataque debe ser investigado debidamente, agotando todas las líneas de investigación incluyendo las relacionadas con la actividad periodística de Rodríguez Samaniego. No sólo los responsables directos de su homicidio deben ser llevados ante la justicia, sino también los autores intelectuales si los hubiera. Ningún ataque a medios de comunicación o a periodistas debe quedar impune”, subrayó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.

En ese sentido, recordó que tan solo en 2016, la ONU-DH ha recibido información del homicidio de al menos 14 periodistas y colaboradores de medios de comunicación, de los cuales cinco se han registrado en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán.

Refiere que a esos casos se suman a los 107 periodistas asesinados entre enero de 2000 y diciembre de 2015 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado.

“La tragedia repetida del asesinato de periodistas en México debe ser tomada con la máxima seriedad por las autoridades y llamamos a que la Fiscalía del estado de Chihuahua atienda el caso con el profesionalismo que merece”, añadió Jarab.

Aseveró que “los ataques contra la prensa en general y contra los periodistas en particular, no sólo afectan a las víctimas y a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto pues generan un clima de temor entre quienes ejercen el periodismo y éste hace que la libertad de expresión se vea coartada” y por tanto la sociedad privada de su derecho a recibir información libre y plural en asuntos de interés público.

Por último, la Oficina expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y colegas periodistas de Rodríguez Samaniego y con todos los demás trabajadores de los medios de comunicación asesinados en México.

 

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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