Política

Urge PRI en el Senado indagar supuesta compra de votos del PRD

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) urgieron investigar la presunta compra de votos en favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, sobre todo en las delegaciones Iztacalco y Coyoacán.

Los legisladores indicaron que tienen conocimiento de que la Ciudad de México lidera la compra de sufragios con más de 40 denuncias por coacción del voto, por lo que pidieron que se garantice el principio de equidad en las elecciones.
En un comunicado los legisladores precisaron que las delegaciones con más reportes son Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero. Las quejas van desde la entrega de tarjetas a cambio del voto, dinero, despensas, juguetes o, en su caso, amenazas de quitar a las personas de programas sociales, dijeron.

También citaron las denuncias de trabajadores de la delegación Coyoacán, quienes son coaccionados para recabar votos a favor del PRD y afiliarse a dicho instituto político y son amenazados que de no hacerlo serán despedidos.

Además a cada empleado le solicitan garantizar una cuota de hasta 80 votantes en la próxima elección, por lo que es necesario investigar esas irregularidades.

Los legisladores indicaron que, de acuerdo con las acusaciones, los afectados son trabajadores eventuales que cuentan con una antigüedad de entre cinco y 10 años, a los que se les ha condicionado la entrega de una base laboral a cambio de apoyo a los candidatos perredistas.

Detallaron que la promoción se lleva a cabo por medio de la entrega de despensas, vajillas y tarjetas conocidas como “Por ti” con cuatro mil 100 pesos.
En un punto de acuerdo indicaron que en el caso de la delegación Iztacalco se ha detectado presunto reparto de despensas por parte de servidores públicos de esa jurisdicción.

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El objetivo es presionar al magistrado encargado de resolver el amparo presentado por Erick D.B., agresor de Mya, para que sea ingresado al Centro de Reinserción para Menores y cumpla la sentencia de tres años y ocho meses dictada en su contra.

Exigencia de Pronta Resolución

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