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Política

Urge PRI en el Senado indagar supuesta compra de votos del PRD

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) urgieron investigar la presunta compra de votos en favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, sobre todo en las delegaciones Iztacalco y Coyoacán.

Los legisladores indicaron que tienen conocimiento de que la Ciudad de México lidera la compra de sufragios con más de 40 denuncias por coacción del voto, por lo que pidieron que se garantice el principio de equidad en las elecciones.
En un comunicado los legisladores precisaron que las delegaciones con más reportes son Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero. Las quejas van desde la entrega de tarjetas a cambio del voto, dinero, despensas, juguetes o, en su caso, amenazas de quitar a las personas de programas sociales, dijeron.

También citaron las denuncias de trabajadores de la delegación Coyoacán, quienes son coaccionados para recabar votos a favor del PRD y afiliarse a dicho instituto político y son amenazados que de no hacerlo serán despedidos.

Además a cada empleado le solicitan garantizar una cuota de hasta 80 votantes en la próxima elección, por lo que es necesario investigar esas irregularidades.

Los legisladores indicaron que, de acuerdo con las acusaciones, los afectados son trabajadores eventuales que cuentan con una antigüedad de entre cinco y 10 años, a los que se les ha condicionado la entrega de una base laboral a cambio de apoyo a los candidatos perredistas.

Detallaron que la promoción se lleva a cabo por medio de la entrega de despensas, vajillas y tarjetas conocidas como “Por ti” con cuatro mil 100 pesos.
En un punto de acuerdo indicaron que en el caso de la delegación Iztacalco se ha detectado presunto reparto de despensas por parte de servidores públicos de esa jurisdicción.

Dinero

Sheinbaum asegura que Grupo Salinas pagará 26 mil millones de pesos con nueva Corte: “Ya no habrá favores”

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este jueves que Grupo Salinas, conglomerado empresarial del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá saldar su deuda fiscal con el gobierno federal, y aseguró que con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no habrá margen para favores ni dilaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria vinculó directamente las recientes críticas del empresario y sus medios contra la reforma al Poder Judicial con la negativa histórica de Grupo Salinas a cubrir los adeudos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido desde hace más de una década.

“Van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”, declaró Sheinbaum, al referirse a los casos que se mantienen pendientes en el máximo tribunal del país y que, aseguró, han sido retrasados por vínculos entre el grupo empresarial y algunos magistrados salientes.

Según expuso Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, las empresas de Salinas Pliego —incluidas Elektra y TV Azteca— adeudan en total más de 74 mil millones de pesos al erario. De esa suma, hay tres casos activos ante la SCJN por un total de 26 mil millones de pesos, algunos con procesos legales iniciados desde 2008, 2010 y 2013.

La procuradora detalló que, para evitar un fallo definitivo en su contra, el consorcio ha interpuesto hasta 29 recursos legales, lo que ha permitido extender el litigio por más de 16 años. “Ha habido una estrategia clara de obstrucción judicial. Pero confiamos en que con la renovación de la Corte se acabará ese ciclo de protección”, dijo Galeano.

Sheinbaum agregó que la red de influencias tejida por Salinas Pliego en el Poder Judicial permitió durante años un “aletargamiento deliberado” de los expedientes, lo que favoreció a su grupo empresarial en detrimento de la hacienda pública. “Era la injusticia llevada a su máxima expresión”, subrayó.

El pasado 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a Grupo Elektra para evitar el pago de 2 mil millones de pesos por concepto de impuestos al SAT, en uno de los múltiples casos que enfrenta el consorcio. Ante esa resolución, Salinas Pliego calificó el fallo como “un acto ilegal”.

El enfrentamiento entre el gobierno federal y uno de los empresarios más poderosos del país se agudiza en un contexto de reformas profundas en el sistema judicial mexicano, las cuales buscan modificar la manera en que se eligen jueces y ministros, así como fortalecer la rendición de cuentas del Poder Judicial.

La presidenta reiteró que el objetivo es garantizar que “nadie esté por encima de la ley, ni siquiera quienes por años utilizaron el sistema judicial como escudo fiscal”. Y concluyó: “Se acabaron los privilegios. En México se va a pagar lo que se debe, como debe ser”.

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