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México

Urgen a implementar protección para activistas LGBTTTI

En los últimos cinco años, los crímenes de odio contra las poblaciones de la comunidad LGBTTTI en México han ido en ascenso, y los de activistas no han sido la excepción, pues de los 381 homicidios cometidos de 2013 a 2017, 14 fueron hacia defensores de los derechos humanos de estos grupos, por lo que ven necesario implementar mecanismos de protección para estas personas.

De acuerdo con la organización civil Letra S, en 2017 se registró una cifra récord de asesinatos contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) con 95 personas, superior a la de años anteriores, y estimó que los números para 2018 podrían ser similares.

En 2016 hubo 76 homicidios; en 2015, 61, y en 2014, 65, todos ellos originados por la homofobia, lesbofobia o transfobia que se vive en el país, los cuales ocurrieron en Veracruz, Chihuahua, Quintano Roo, Estado de México, Puebla y Tamaulipas, informó a Notimex el director de dicha asociación, Alejandro Brito.

Ante esas cifras, Brito opinó que hace falta sensibilizar a la población en general respecto a que los defensores de la comunidad LGBTTTI están más expuestos a sufrir agresiones, son más vulnerables por su orientación sexual y su identidad de género.

Aseveró que eso no lo tienen claro las autoridades con los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en el país, por lo que consideró necesario capacitarlos y sensibilizarlos sobre el tema, para que junto con organizaciones civiles se implementen protocolos en la materia.

Kenya Citlali Cuevas Fuentes, activista de la población trans, ha aumentado su seguridad, luego de que a fines de enero pasado fuera asesinada su compañera Pamela Sandoval Ramírez, mujer trans que laboraba en una estética dentro del mismo inmueble donde vive ella, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

En 2016 la defensora también presenció el homicidio de su compañera Paola, una mujer transexual que trabajaba como sexoservidora y quien fue baleada por un presunto cliente. Kenya junto con otras compañeras detuvieron al agresor, que más tarde quedó en libertad, y por ello es una de las personas con mayor riesgo en este caso.

Aunque su activismo comenzó años atrás apoyando a sus compañeras con VIH desde la cárcel, su labor desde el asesinato de Paola no ha cesado; ha trabajado en favor de la población trans, en especial de las mujeres, sector con el mayor índice de transfeminicidios, y por la labor que realiza el gobierno la ha protegido.

«Cada día me doy cuenta de la violencia extrema en la que nos encontramos, no tenemos mecanismos de defensa ni de protección como comunidad LGBT, ni nada», enfatizó.

Ella se siente vulnerable, sensible, con mucho miedo; su casa, considerada un búnker, no fue garantía para Pamela y piensa que tal vez sea un tipo de advertencia para ella, se le vienen muchas preguntas y dudas a la cabeza, está cansada de los crímenes de odio y que las mujeres transgénero sufran actos de violencia.

También está harta de la discriminación e invisibilización que sufren hasta por las demás poblaciones de la comunidad LGBT. «Yo sé que no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi entorno», por lo que seguirá con su labor y su lucha por visibilizar a las mujeres trans y que sus derechos sean respetados

Además, Kenya denunció a los funcionarios que quieren trabajar por los derechos de las mujeres trans y que no han hecho nada para detener estos homicidios de odio, y quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

La activista Jazziel Bustamante, originaria de Veracruz, expuso que los estados donde se han registrado mayor índice de asesinatos de defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, son los mismos donde hay más prevalencia de crímenes de odio en general hacia dicha comunidad, como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Guanajuato.

Indicó que un caso muy sonado fue el asesinato de Édgar Eloy Sosa Meyemberg, director de Desarrollo en la organización Ave de México, y activista desde los 17 años, quien fue visto por última vez en Chicoloapan, Estado de México, luego de impartir un taller en la Universidad Autónoma de Chapingo, y su cuerpo fue encontrado en la alcaldía Iztapalapa en 2014.

A su vez, Iván Tagle, de Yaaj México, compartió que como directivo de una asociación civil dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTTTI debe guardar ciertos protocolos para su seguridad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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