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“Usa el sistema para perseguir a sus enemigos”: el duro cuestionamiento del WSJ a la persecución de AMLO contra científicos del CONACyT

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La polémica decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre buscar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha causado revuelo a nivel internacional.

Medios de comunicación y especialistas han emitido su opinión y se alarmaron por esta persecución contra la comunidad. Uno de los diarios que se sumó a las críticas fue el Wall Street Journal (WSJ), el cual publicó un duro cuestionamiento contra AMLO.

Este artículo, escrito por David Luhnow, editor para América Latina, menciona que el mandatario nacional hizo estas acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero debido a una eterna disputa que tiene contra los intelectuales mexicanos.

Recordó que el respaldo legal buscado nuevamente esta semana es viejo y poco apoyado, pues las autoridades han rechazado en dos ocasiones sus peticiones, pero, al parecer, no se va a rendir, pues presentó una nueva queja para lograr los arrestos por el supuesto uso ilegal de aproximadamente USD 12 millones.

Los 31 investigadores están siendo acusados por delitos graves que equivalen a, al menos, 80 años de cárcel (Foto: Especial) Los 31 investigadores están siendo acusados por delitos graves que equivalen a, al menos, 80 años de cárcel (Foto: Especial)

A pesar de las acusaciones directamente de Palacio Nacional, los miembros del comité asesor científico dijeron que no hicieron nada malo y que el gasto había sido auditado y aprobado, sin embargo, no fue suficiente para López Obrador, quien buscada enviarlos a la cárcel como si fueran peligrosos narcotraficantes.

“El gobierno busca retener a los científicos, que incluyen astrofísicos y microbiólogos, en una prisión de máxima seguridad donde se encuentran algunos de los narcotraficantes más notorios del país , entre ellos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Si son declarados culpables, algunos de los académicos enfrentarían más de 80 años de cárcel”, se lee.

Mediante el recuento hecho por el medio estadounidense, señaló que el CONACyT había desarrollado a cabo sus labores sin problemas desde su creación en 2002, pero esa buena relación con el gobierno se rompió en 2018, cuando AMLO llegó al poder.

Desde ese momento, se enfrentó a un reacio mandatario que siempre buscaba generar un pleito con la directora designada, la bióloga María Elena Álvarez-Buylla. Principalmente cuestionaba sobre si su financiamiento público “debería ser apolítico o llevarse a cabo con el ámbito político y social”.

El Gobierno Federal busca aprehender a esta comunidad científica en penales de máxima seguridad (Foto: Cuartoscuro)El Gobierno Federal busca aprehender a esta comunidad científica en penales de máxima seguridad (Foto: Cuartoscuro)

Para Ana Laura Magaloni, profesora de derecho en la Universidad CIDE de México entrevistada para este artículo, las acusaciones son tan irracionales que “asustan a todos en México, porque podrían encarcelar a cualquiera”.

Mientras que José Franco, investigador jefe del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el gasto anual del CONACyT era auditado y aprobado todos los años, incluso bajo el gobierno actual.

“Siempre he estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas (…) Los informes financieros del comité son públicos y están disponibles en su sitio web. No obstante, el Conacyt ha optado por presentar cargos penales infundados, lo que dice mucho de su intención “, detalló.

Uno de los aspectos que más llamó la atención al medio estadounidense fue la precariedad a la que llegó el Consejo Nacional, el cual “Tiene becas muy limitadas” para que los jóvenes estudien en el extranjero, pues para el gobierno actual es mejor quedarse en el país y hacer artículos escritos en español o idiomas indígenas en lugar de inglés.

Algunos expertos legales dijeron que la administración actual parecía estar usando el sistema legal para perseguir a sus enemigos políticos
Pase lo que pase al final, AMLO será duramente criticado por esta persecución (Foto: Cuartoscuro)Pase lo que pase al final, AMLO será duramente criticado por esta persecución (Foto: Cuartoscuro)

Esta lucha encarnizada contra la ciencia ha borrado del mapa la guerra contra el narcotráfico, problema que aqueja cada vez más a la sociedad, pues diario se registra un enfrentamiento, una masacre o algún delito relacionado con este crimen.

No obstante, el objetivo cambió y ahora los investigadores son más buscados que los sicarios, aunque son comparables en los crímenes que cometen, mismo que son considerados graves y sin opción a fianza.

Varias fueron las figuras que le llevaron la contraria a AMLO. Tales fueron los casos de Enrique Graue, rector de la UNAM, el cual calificó los cargos de absurdos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fiel al presidente, los calificó de excesivos. Finalmente, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó “mi total solidaridad con la comunidad científica”.

Para el WSJ, las acciones tomadas por López Obrador contra la comunidad científica no tienen razón de ser, aunque el presidente remarque que los miembros tenían demasiada influencia sobre los gobiernos anteriores para obtener dinero usado en lujos y viajes al extranjero.

“Fue una especie de chantaje y había que darles estos fondos (…) Y cuando eso desapareció, esa extravagancia, esos lujos, ese desperdicio, se quejaron de que no estamos invirtiendo en ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”, fueron los dichos del presidente, los cuales seguirán siendo criticados pase lo que pase al final del camino.

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Sheinbaum aplaza envío de reforma electoral para ajustes finales

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La presidenta Claudia Sheinbaum pospuso el envío de su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados, previsto originalmente para el lunes, y anunció que será remitida hasta la noche de este martes tras realizar una última revisión al documento.

Desde Ciudad de México, la mandataria explicó que recibió la redacción final del proyecto, pero hizo observaciones luego de detectar modificaciones adicionales a artículos que no estaban directamente vinculados con la materia electoral. Señaló que la propuesta debe concentrarse únicamente en cambios a artículos constitucionales relacionados con el tema.

Detalló que durante la tarde se revisará nuevamente el texto para evitar contradicciones, razón por la cual no fue enviado en la fecha prevista. Su postura coincide con lo anticipado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien adelantó que habría ajustes en la iniciativa.

La semana pasada, Sheinbaum presentó formalmente la reforma electoral, cuyo objetivo central es eliminar las listas plurinominales. Indicó que cualquier persona que aspire a un cargo público deberá buscar el voto ciudadano y presentarse ante la población.

Entre los principales puntos de la propuesta se contempla una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, así como la disminución de sueldos y bonos de consejeros del Instituto Nacional Electoral, la eliminación de duplicidades en órganos electorales y la reducción del gasto en el Congreso federal, congresos locales y el número de regidurías.

También plantea fortalecer la fiscalización, otorgando al INE acceso a las operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibir aportaciones en efectivo y utilizar tecnologías en los procesos de supervisión.

La iniciativa incluye facilitar el voto de mexicanos en el extranjero para la diputación migrante, reducir de 48 a 35 minutos diarios por emisora los tiempos de radio y televisión en periodo electoral, regular el uso de inteligencia artificial y prohibir bots, iniciar los cómputos distritales al término de la jornada electoral y ampliar la democracia participativa en estados y municipios mediante voto electrónico.

Asimismo, propone prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y eliminar la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos a partir de 2030. El proyecto será enviado al Congreso una vez concluida la revisión anunciada por la Presidencia.

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