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Duarte

Va el Gobierno Federal contra César Duarte: Secretario de Gobernación

Extradición contra César Duarte, para cumplir obligación: Navarrete Prida

Las tres solicitudes de extradición contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, que presentará la Procuraduría General de la República (PGR) no son para calmar los ánimos, sino para hacer cumplir las obligaciones constitucionales, afirmó el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Entrevistado al finalizar la reunión en privado con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que el anuncio hecho este miércoles por el encargado de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, es signo de que el Gobierno Federal está cumpliendo con obligaciones constitucionales y por lo tanto hacer valer la ley.

Comentó que las órdenes de extradición en contra del Duarte Jáquez por el presunto desvío de alrededor de mil millones de pesos durante su administración, no es para calmar los ánimos del actual mandatario de Chihuahua, Javier Corral.

 

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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