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Política

Va José Adolfo Murat por gubernatura del Estado de México; TEPJF permite su candidatura independiente

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó, por mayoría de votos, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México y el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de México que determinaron la improcedencia del escrito de intención del ciudadano José Adolfo Murat Macías, para participar como candidato independiente a la gubernatura de la referida entidad.

El ciudadano José Adolfo Murat Macías presentó su escrito de intención para participar como candidato independiente a la gubernatura del Estado de México. El Instituto local determinó que era improcedente su solicitud, porque el Código Electoral del Estado de México prohíbe que las personas que participaron como candidatos de un partido político en el proceso electoral anterior, se registren por la vía independiente.

El actor fue candidato externo a alcalde de Naucalpan por Movimiento Ciudadano en la elección del 2021. Por tal razón, el Tribunal local confirmó la improcedencia, por lo que el ciudadano acudió ante la Sala Superior.

En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón  y con los votos en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como de los magistrados Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez, determinó que la prohibición busca que una correcta interpretación de las normas permite advertir que el ciudadano no se ubica en la prohibición, sin dejar de reconocer que se debe garantizar la desvinculación de las candidaturas independientes con los partidos políticos. Sin embargo, en el caso concreto resulta inaplicable, porque el actor fue postulado mediante una candidatura externa o ajena a Movimiento Ciudadano. De ese modo, no existió una vinculación partidista que afecte su pretensión de ser candidato independiente.

En consecuencia, a través de una correcta interpretación de la norma que contiene la prohibición, revocó el acuerdo de improcedencia. Además, ordenó que se dicten todas las medidas necesarias para que el actor pueda continuar el trámite para buscar su registro como candidato independiente y, en ese sentido, que se le otorgue el mayor tiempo posible para recabar los apoyos de la ciudadanía, para recuperar el tiempo perdido en la secuela de juicios (SUP-JDC-32/2023).

Política

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.

Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.

Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.

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