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Vacunación de cuarentones reactivará economía: López-Gatell

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que cuando inicie la tercera etapa de vacunación contra covid-19 para la población entre 40 y 49 años, no solo se continuará cumpliendo el objetivo de disminuir la mortalidad de la epidemia sino que se logrará reactivar la vida social y económica en el país.

Cuando ya vacunemos a personas de 40 a 49, el objetivo será el mismo, pero allí aparecen también otros impactos muy positivos, como el hecho de facilitar la reactivación de la vida social y económica.

Ese será un impacto adicional, cuando vacunemos a las personas de 40 a 49 porque una proporción muy grande de las personas empleadas, trabajadoras o las personas que tienen una ocupación generadora de riqueza para la comunidad, para el país, tienen esas edades y lo mismo irá ocurriendo con la población de 30 a 39 y de 20 a 29”, explicó.

Al corte del 3 de mayo, 8 millones 062 mil 112 personas tienen el esquema completo de vacunación contra covid-19 y 12 millones 740 mil 897 son las dosis aplicadas hasta el momento.

Mientras 10 millones 686 mil 277 corresponden a los adultos mayores; un millón 25 mil 373 a trabajadores de la salud; 943 mil 423 a personal educativo y 85 mil 824 a la población entre 50 y 59 años de edad.

Se han reportado 17 mil 315 casos de reacciones adversas a las vacunas, de estos 299 han sido graves, por lo que 102 personas están hospitalizadas.

Por otra parte, el subsecretario de Salud se refirió a los amparos que algunos ciudadanos han interpuesto para ser vacunados antes de la fecha de su grupo poblacional de vacunación y señaló que la Secretaría de Salud siempre acatará los fallos, pero recordó que el objetivo de salud pública del Plan Nacional de Vacunación es lograr una protección general de la población y no individual.

López-Gatell reiteró que la dependencia federal ha recibido casi dos mil denuncias penales, donde destacan acusaciones de partidos políticos.

Hemos tenido hasta denuncias penales de partidos políticos, legisladoras, legisladores y dirigentes de partidos políticos nos han acusado penalmente de cosas como homicidio, genocidio y cosas de esta naturaleza. Afortunadamente, todas han sido desechadas por ser notoriamente improcedentes”, indicó.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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